Editorial

Mal presagio, el reciente acuerdo

El reciente anuncio gubernamental sobre un acuerdo preliminar con el Brasil con respecto al costo de la energía suscitó numerosos comentarios por parte de la ciudadanía y de los expertos en la materia. La medida decidida, consistente en la reducción de la tarifa con respecto al valor vigente hasta el momento, beneficia especialmente al Brasil por ser el que más energía consume, y empeora el bajo precio pagado a Paraguay por la venta de la parte de su energía no consumida. El acuerdo resulta en un precedente sumamente peligroso para la renegociación del Anexo C en el año 2023 y acepta la intención manifestada desde el principio por Brasil de reducir la tarifa.

Entre las medidas informadas se encuentra el monto del costo unitario del servicio de electricidad de Itaipú para el año 2022 que quedó en 20,75 dólares por kilowatt/mes, lográndose de esta forma un valor intermedio con respecto a las propuestas planteadas inicialmente por ambas márgenes de la Binacional. Brasil planteaba la reducción a 18,95 dólares, mientras que Paraguay proponía mantener la tarifa en 22,6 dólares, de manera que recibiera unos 300 millones de dólares mientras se negociaba el Anexo C.

El valor acordado permitirá ingresos estimados de 220 millones de dólares para cada país. En lo que respecta a Paraguay, 140 millones de dólares serán destinados al fortalecimiento y modernización del sistema eléctrico nacional, a través de la ANDE, para aumentar el consumo y la calidad del servicio.

De igual manera, se dispondrá de unos 80 millones de dólares que según el comunicado oficial se destinarán a la ejecución de proyectos como la construcción de puentes internacionales, Unidades de Salud de la Familia (USF) en todos los departamentos, becas universitarias, programas de apoyo a la agricultura familiar, acciones ambientales, entre otros.

Como resultado de la disminución de la tarifa, el Gobierno también anunció la reducción del 25% en el costo de la energía a alrededor de 1.000.000 de usuarios que pagan unos 400.000 guaraníes mensuales, equivalentes a aproximadamente 1.000 kW mensuales.

Desde un sector de la ciudadanía, este acuerdo se interpreta como una medida cortoplacista y oportunista en el contexto de la cercanía de las elecciones nacionales. En contrapartida, pone en riesgo la posibilidad de un mejor resultado y con mayor impacto en el largo plazo para Paraguay.

La situación empeora si se considera que existe el serio riesgo de que se dilapiden los 80 millones de dólares en las campañas electorales, a través de su uso en los famosos gastos sociales que, además de ser poco transparentes, históricamente se han prestado a usos discrecionales y a favor de un partido político.

La mayoría de los expertos manifestaron disconformidad o al menos dudas acerca de los beneficios para Paraguay de esta decisión, ya que constituye un precedente negativo para la negociación en 2023. Paraguay empezó cediendo su pretensión inicial.

La propuesta inicial de Paraguay era mantener la tarifa de manera a acceder a beneficios adicionales de USD 1.000 millones como consecuencia del pago total de la deuda de la entidad binacional. El acuerdo actual constituye una cesión que beneficia en mayor medida a Brasil teniendo en cuenta que consume gran parte de la energía producida.

Finalmente, hay suspicacias y en algunos casos fuertes sospechas de la existencia de otros puntos negociados que no toman en cuenta los intereses de Paraguay, ya que se mantiene oculto el documento completo. La información proporcionada por el Gobierno es parcial, quedando pendiente de conocerse el resto de las cláusulas.

Este Gobierno ya cuenta con malos precedentes en lo que se refiere a la negociación de Itaipú, por lo que expertos y otros referentes del sector han manifestado su preocupación desde el inicio del proceso, tanto por la ausencia de una estrategia seria como por quienes participan del equipo paraguayo, dada la presencia de algunos de dudosa integridad.

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