En la última sesión de la Cámara de Diputados no pudo aprobarse el proyecto del Ejecutivo que establecía una extensión de la emergencia.
Maidana señaló que todo lo establecido en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo continuar con las contrataciones por la vía de la excepción en las compras públicas y cuestiones relativas a contratación temporal de personal para el Ministerio de Salud, hasta el 30 de junio del 2022.
Del mismo modo, se contempla la posibilidad de que se sigan pagando con fondos de IPS las suspensiones laborales.
Recordó que la Ley 6848 estipula varias fuentes de financiamiento para la cobertura a pacientes Covid, no solamente los fondos de las binacionales. En ese sentido, se habla de recursos establecidos por Ley 6725, gastos sociales de las binacionales, gastos no comprometidos del Fonacide, fondos establecidos en la ley de presupuesto y donaciones.
La crisis sanitaria obligó a las fuerzas políticas a optar por destinar los fondos sociales de las binacionales para el financiamiento de la salud pública.
Las bancadas coloradas habían decidido votar por el rechazo de la norma, pero un quiebre en el cartismo, con cinco diputados en disidencia, posibilitó la sanción.
El monto calculado que generan Itaipú y Yacyretá en este concepto anualmente es de más de USD 150 millones, sin embargo, en el año de la promulgación de la ley, la mayor parte de este recurso ya estaba comprometido.
El ministro de Salud, Julio Borba, informó en ese entonces, que se contaba con USD 30 millones.
Antes de su aprobación, diputados colorados intentaron frenar la norma. Una de las principales polémicas que se generó por el proyecto tuvo que ver con que plantearon modificar la propuesta remitida por la Cámara de Senadores cambiando la expresión “dispóngase al Poder Ejecutivo” por “autorícese al Poder Ejecutivo”.
