Con esta petición, aprobada en primera discusión, Maduro reacciona a la orden ejecutiva promulgada el lunes por el presidente estadounidense, Barack Obama, en la que, además de declarar una “emergencia nacional”, se “aplican y amplían” las sanciones a varios funcionarios venezolanos incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado por Washington.
Maduro acudió a la Asamblea Nacional (AN) para solicitar atribuciones especiales que le permitan legislar en un momento en el que, dijo, está convencido de que el país suramericano se encuentra “ante una grave amenaza” y por la que ha dado la orden de “desplegar todos los planes defensivos de Venezuela”.
“Esta ley habilitante surgió como una necesidad de tener poderes constitucionales que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela”, dijo Maduro ante el Parlamento, compuesto por mayoría chavista, durante una sesión transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión.
Dicha ley, que precisa para su aprobación el voto de tres quintos de los diputados, fue calificada por Maduro como una “ley antiimperialista” que de ser aprobada en segunda discusión le daría “poderes suficientes para defender la paz y el desarrollo íntegro de Venezuela ante la amenaza de EE.UU.”.
El proyecto, rechazado por la fracción opositora, fue aprobado en primera discusión con el respaldo de la bancada chavista que posee el número exacto de diputados necesarios para aprobar la ley.
La oposición consideró que “no se requiere una ley habilitante para los problemas urgentes de los venezolanos que son la escasez, el alto costo de la vida, la seguridad personal, la corrupción, el deterioro de la vida” de los venezolanos, dijo el diputado Hiram Gaviria.
En respuesta al rechazo de la oposición el presidente de la AN, Diosdado Cabello, acusó a la bancada opositora de tener “compromisos con Estados Unidos”.
“Aquí hay traidores que están comprometidos con el imperialismo norteamericano”, dijo.
La decisión de Obama, que ha supuesto una nueva escalada de tensión entre EE.UU. y Venezuela, ha representado para Maduro el paso “más agresivo” de la historia de la casa Blanca contra el país suramericano.
El anuncio de Washington incluye el bloqueo de bienes que pudieran tener en EE.UU. a siete funcionarios del Gobierno de Maduro, a los que Washington acusa de violar los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que se vivieron en el país en 2014.
Las sanciones que afectaron a siete altos cargos venezolanos, de los cuales seis son militares, generó también la reacción de la FANB que pidió hoy a los venezolanos “cerrar filas ante la agresión” a Venezuela del Gobierno de Estados Unidos al que acusó de impulsar “desmesuradas acciones injerencistas e imperialistas”.
“Acciones de esta naturaleza no son más que un subterfugio tras el cual se esconden oscuros intereses de grupos de poder internos y externos que pretenden socavar las bases de nuestra gobernabilidad y estabilidad política y social”, alertó el comunicado de la FANB.
En este sentido, Maduro informó de que el próximo sábado conducirá, en calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada venezolana (FANB), un “ejercicio militar defensivo especial” para definir “los puntos defensivos” para estar preparados y que a Venezuela “no la toque nadie, no la toque la bota yanqui nunca”, dijo.
La oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrático (MUD) se pronunció también a raíz del decreto ley emitido por la Casa Blanca afirmando que el país caribeño no representa “una amenaza” para alguna otra nación y que es el Gobierno de Maduro el que representa un riesgo para los derechos de sus nacionales.
“Venezuela no es una amenaza para ningún país. Son las políticas del actual Gobierno venezolano las que amenazan y coartan el derecho de nuestros ciudadanos a vivir y progresar en paz”, señaló en un comunicado la coalición que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición en el país suramericano.
La plataforma, que dijo preferir la acción preventiva del “acatamiento” de las instituciones dispuestas para la comunidad internacional que sanciones “unilaterales”, afirmó que la situación fue “propiciada precisamente por el gobierno de Venezuela” al “desacatar los pronunciamientos de instancias de la ONU”.
“Al hacer caso omiso de la legalidad internacional, al incumplir los Convenios y Tratados válidamente suscritos por la República, el gobierno venezolano ha propiciado el lamentable escenario que hoy presenciamos”, señaló en el texto.
En la misma jornada el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano aseguró con esta orden emitida desde Washington, el Gobierno de EEUU pretende “lesionar” el desarrollo de las elecciones parlamentarias previstas para este año en el país sudamericano.
“Esta agresión pretende lesionar las posibilidades de llevar a cabo el evento electoral parlamentario previsto para este año, así como los procesos de primarias que en medio de la tensión política hemos podido acordar con las organizaciones políticas”, declaró la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en un encuentro con la prensa.
