La intervención de suelo se constató desde el 15 de enero cuando los fiscalizadores del ente ambiental fueron al lugar y afirmaron que captaron imágenes satelitales que –aseguraron– se definiría la totalidad exacta en la dirección de Geomática. Pero hasta ayer en esta dependencia, junto con la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Carolina Pedrozo, alegaron que aún no cuentan con imágenes desde noviembre hasta la fecha, argumentan que son varias a ser descargadas.
En la verificación de la semana pasada, los encargados del establecimiento no permitieron el ingreso a fiscalizadores y tampoco presentaron documentaciones. El lunes 18 de enero, cuando se les autorizó el acceso, los funcionarios detectaron un importante drenaje y que el arrastre de suelo arcilloso iba a parar a un arroyo. Tampoco presentaron licencia aprobada para la actividad.
La verificación fue justamente porque moradores de las compañías rurales de la zona denunciaron que el arroyo Yukyry, que utilizan hasta para consumo por falta de agua corriente, se tiñó de gris dejándolos desabastecidos.
Desde el ente ambiental confirmaron que aún no inició el proceso de sumario, a pesar de las nuevas faltas constatadas, y otras de las que tenían conocimiento desde setiembre del 2020.
Desde este diario se intentó tener la versión de representantes de Asesoría Jurídica del Mades, pero indicaron que no habrá vocero sobre el caso.
OTROS INCUMPLIMIENTOS. En la resolución expedida en el 2018 se describe la existencia de cambio de uso de suelo de 9,19 hectáreas entre los años 2010 y 2017. En el Servicio Nacional de Catastro figura que la mayoría de los terrenos fueron adquiridos por Samaniego en el año 2016.
En esta declaración expedida se condiciona que las 9,19 hectáreas deberán permanecer en confinamiento. Otro requisito es que se debe presentar el informe de auditoría cada un año. Sin embargo, el siguiente documento presentado por parte del diputado fue recién en setiembre del 2020, según los registros del Mades.
Además de la falta administrativa también se constató que en el área que debía ser confinada se realizó movimiento de suelo.
“Cuando nos presentan el informe de auditoría se visualiza que no existe cumplimiento de confinar las nueve hectáreas que, además dice taxativamente que no pueden usarse con fines productivos. El proyecto en sí ya está en Asesoría Jurídica”, desglosó Pedrozo.
Además cuenta con una mora en la presentación de la auditoría que debía presentar en marzo del 2019, pero lo hizo en setiembre del 2020.
El proceso pasó a la Dirección de Asesoría Jurídica en ese año. En consultas internas de las direcciones, a través de sistema, figura si existió algún sumario por la deforestación entre el 2010 y 2017, lo cual quedó pendiente de contestación desde noviembre de dicho año.
En el 2018 se comprometió a confinar nueve hectáreas y no lo cumplió. No podía usarlas para fines productivos. Carolina Pedrozo, Dir. Evaluación.
