El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció la conformación de una mesa multidisciplinaria para analizar los amparos judiciales que obligan a cubrir medicamentos y tratamientos de alto costo. Según el presidente de la previsional, Isaías Fretes, la institución destinó cerca de G. 11.000 millones en los últimos cinco años para cumplir estas órdenes judiciales.
La propuesta fue presentada por el presidente de la institución, Dr. Isaías Fretes, en una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón.
“Hemos consensuado que debe participar también el Ministerio de Salud, porque es la entidad que maneja las políticas de salud de la República y también está comprometida con esta situación”, señaló el titular del IPS.
Por su parte, el representante del área jurídica del IPS, Pablo Morínigo, insistió en que la intención no es eludir obligaciones con los asegurados, sino establecer con claridad las competencias de cada institución pública.
El asesor jurídico de la previsional explicó que existen casos en los que los jueces conceden amparos aún cuando existen dudas respecto a si la persona reúne los requisitos para acceder a las prestaciones del IPS.
LIMITES. “No queremos huir de las obligaciones para con nuestros asegurados. Lo que queremos es poner límites a eso, porque hay muchos casos donde quizás no se dan todos los presupuestos para entender que la persona es asegurada del IPS”, señaló.
El funcionario reconoció que los magistrados suelen priorizar la protección de la vida humana al resolver estos expedientes, pero consideró necesario involucrar al Ministerio de Salud en aquellos casos en los que la responsabilidad pueda corresponder al sistema público en general. “Entendemos que también se le tiene que involucrar al Ministerio de Salud porque finalmente el Estado es el garante de la vida. Es una manera de delimitar las obligaciones de cada ente”, afirmó. Fretes rechazó que la propuesta tenga como finalidad imponer filtros o trabas a los amparos judiciales. Agregó que el proceso recién se inicia y que las conclusiones surgirán de las reuniones que se desarrollarán en los próximos meses. “Nosotros también entendemos la posición del Poder Judicial. Viene el pedido y ellos tienen que dar lugar a eso. Entonces hay que encontrar un mecanismo facilitador, porque el ciudadano paraguayo también tiene derecho ”, expresó.
