El ex presidente Lula da Silva, preso en Curitiba, será interrogado el 14 de noviembre en relación a otro caso de la investigación Lava Jato en el que se le acusa de corrupción y lavado de dinero.
El interrogatorio será presencial y conducido por la jueza Gabriela Hardt, que comanda ahora la operación anticorrupción Lava Jato en sustitución de Sérgio Moro, que aceptó ser ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro. Lula debe responder por el presunto beneficio de reformas pagadas por grandes constructoras entre 2010 y 2014 en una hacienda en Atibaia, interior de São Paulo, atribuida de facto al ex mandatario de izquierda (2003-2010) a cambio de contratos con Petrobras.
La defensa de Lula mantiene su inocencia, asegura que la propiedad no le pertenece e insiste en que la denuncia es parte de una campaña de acoso político-judicial. La jueza Hardt, sustituta de Moro en el tribunal de primera instancia a cargo de las investigaciones, interrogó esta semana sobre el caso al empresario Marcelo Odebrecht, que tiene un acuerdo de delación premiada con la Justicia.
CONFIRMAN TAREAS. Los ex presidentes de Odebrecht, vinculados con el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, confirmaron a la Justicia haber financiado obras en una casa de campo que la Fiscalía atribuye al encarcelado ex mandatario Lula, informaron fuentes oficiales.
Las acusaciones fueron confirmadas en nuevas declaraciones dadas este miércoles a la justicia por Marcelo y Emilio Odebrecht, y por el Alexandrino Alencar, antiguo directivo de la constructora que fue vinculada por la Operación Lava Jato por las corruptelas de la estatal petrolera Petrobras, y quienes actualmente tienen acuerdos de colaboración con la justicia.
El caso, uno de los seis procesos que tiene la justicia contra Lula da Silva, se refiere a unas reformas realizadas por la constructora Odebrecht en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, municipio del estado de São Paulo, cuya propiedad está a nombre de allegados de Lula pero que era frecuentada semanal y exclusivamente por el ex presidente y su familia.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, ya fue condenado en segunda instancia a 12 años y mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido a manera de soborno un apartamento en el balneario de Guarujá, en el estado de São Paulo.
