El ex jefe de Estado, según un comunicado del Instituto Lula, aclaró ante el comisario Marlon Cajado que las medidas en cuestión fueron promulgadas en su Gobierno para “promover el desarrollo de las regiones norte, noreste y centro-oeste sin favorecer a algún sector específico”.
De acuerdo con la información, Lula señaló que las medidas “prorrogaron” incentivos fiscales concedidos en 1997 y 1999 a la industria automotriz y de autopartes instaladas en esas regiones, para fomentar “nuevos proyectos” con la “exigencia de nuevas inversiones en tecnología e innovación”.
Las medidas, agregó la nota de prensa, “generaron millares de empleos en siete parques industriales en Bahía, Pernambuco, Ceará, Amazonas y Goiás.
El esclarecimiento de Lula este lunes, a pesar de estar relacionado con la investigación de un caso de crímenes fiscales, es diferente de la citación para que declare como testigo de uno de los acusados.
El pasado lunes, Lula y otras once personas fueron intimados por la Justicia para declarar como testigos de defensa del empresario Alexandre Paes dos Santos, uno de los 16 acusados de cometer crímenes fiscales para favorecer empresas multinacionales.
Lula, su ex secretario de Presidencia Gilberto Carvalho y el diputado opositor José Carlos Aleluia, entre otros, deberán ser oídos en una audiencia programada para el próximo 25 de enero como testigos de Paes dos Santos.
El proceso contra Paes dos Santos forma parte de la llamada “Operación Zelotes”, como se conoce una investigación contra un grupo de fabricantes de automóviles acusados de haber pagado coimas durante el Gobierno de Lula a cambio de ventajas tributarias.
La investigación está dirigida a establecer el supuesto pago de sobornos para que el Gobierno aprobara, el 20 de noviembre de 2009, el decreto que prorrogó hasta 2015 una serie de incentivos fiscales al sector automotor.
Según la Fiscalía, algunos fabricantes de automóviles pagaron las coimas para que el Gobierno prorrogara los descuentos tributarios a la fabricación de vehículos, una medida que tenía como objetivo impulsar a un sector considerado como uno de los pilares de la industria brasileña y uno de los que más mano de obra emplea.
En octubre, la empresa Touchdown Promoción de Eventos Deportivos, propiedad de Luis Claudio Lula da silva, uno de los hijos del exmandatario, fue registrada por la Policía Federal en una de las fases de la misma operación.
Los agentes que cumplieron el mandato judicial aprehendieron diferentes documentos y archivos digitales en la sede en Sao Paulo de la empresa que se dedica a la organización y promoción del Campeonato Brasileño de Fútbol Americano.
En el comunicado de este miércoles, el instituto Lula indicó que la acción policial “fue considerada desproporcionada e ilegal por la magistrada federal Neuza Alves. El proceso fue archivado sin acusar a Luís Cláudio Lula da Silva”.
