Editorial

Los tres poderes del Estado deben generar confianza en la ciudadanía

El desarrollo de un país tiene múltiples determinantes, entre las que se encuentran la cohesión social y la confianza en el Gobierno, aspectos que en Paraguay no estaban bien antes de la pandemia; y después de iniciarse la misma se agudizaron por la desesperación a la que lleva la pérdida del empleo y de los ingresos, del hambre, la corrupción que impidió mejorar el sistema de Salud y la impunidad. Estas condiciones pueden ser explosivas y generar ingobernabilidad, situación peligrosa no solo para el éxito de la contención de la pandemia, sino también para las posibilidades de recuperación económica y la estabilidad de las instituciones republicanas.

El Gobierno tiene que impulsar con urgencia medidas que enfrenten todos estos problemas de manera a contener focos de conflictos que ya se veían venir antes. La desigualdad económica, en el acceso a la tierra, la indisposición ciudadana por la ausencia de un sistema de Salud, las injusticias generadas por un sistema judicial que funciona a través del tráfico de influencias y la rampante corrupción ya estaban poniendo en riesgo el funcionamiento de las principales instituciones republicanas.

La pandemia agudizó estos problemas, ya que el confinamiento afectó más a los sectores informales, a las mipymes, a las personas que estaban en situación de pobreza. Esta población suma alrededor del 80%.

A la inseguridad económica que enfrenta la mayoría se agregan los privilegios políticos y económicos con que cuenta una minoría, que no va a sentir los efectos de la pandemia, y que al parecer tampoco está dispuesta a ceder nada.

Pero el problema no es solo económico. La ciudadanía también está harta de los privilegios políticos. Y el mejor ejemplo fue el caso del ladrón de pomelos. La ciudadanía destrozó al sistema judicial por su rápida actuación en el caso de un delito bagatelario y su lentitud para enfrentar a los proveedores del Estado, funcionarios públicos y políticos corruptos y traficantes de influencias que se juntan para abusar de los recursos públicos en beneficio particular, dejando a la ciudadanía que con su esfuerzo financia los mismos, pero se queda sin los beneficios.

El país está en el borde de una crisis social y económica que al parecer todavía no es cabalmente comprendida por el Gobierno. Las autoridades del Poder Ejecutivo deben con urgencia dar señales que generen mayor confianza ciudadana. Estas señales deben ir más allá de un plan económico.

Sin un acuerdo claro con el Poder Judicial para no dejar impunes los delitos que afectan al manejo de la cosa pública, cualquier objetivo económico y sanitario se pone en riesgo, y con ello la constitución del propio Estado.

El Poder Legislativo no puede quedar fuera. La aprobación de las medidas de reactivación va a requerir acuerdos políticos y solamente el respaldo ciudadano a esas medidas hará que los parlamentarios también superen sus históricos atavismos y voten a favor de las mismas.

Los intereses particulares siempre han demostrado ser más fuertes que el bien común en la política pública. Por eso Paraguay hoy se ubica en los últimos lugares de cualquier lista de indicadores que midan desarrollo o confianza política. Estas condiciones pueden generar altos niveles de ingobernabilidad, situación altamente peligrosa para la estabilidad de las instituciones republicanas.

Esperemos que la pandemia y la posibilidad de que el país acabe en un Estado fallido hagan tomar conciencia a las autoridades del rol que tienen en la salida de esta crisis y la posibilidad de torcer el rumbo hacia la senda del desarrollo con paz social y madurez política.

Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, aprender la lección que nos dejará esta crisis y construir un nuevo Paraguay con oportunidades sociales y económicas para la mayoría.

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