Las instituciones encargadas del control en los diversos ámbitos son tan irresponsables que, con suma facilidad, dan como verdaderos documentos no auténticos. Las burdas imitaciones de títulos verdaderos pasan casi sin problemas las frágiles fiscalizaciones.
A ello hay que sumar la corrupción en las instancias cuyo objetivo es proteger a la población de personas que se dedican al arte de la mentira respaldadas por papeles que no testimonian la posesión de conocimientos específicos. Como no hay una responsabilidad social de parte de los funcionarios del Estado, una coima salva cualquier objeción y constatación.
Las investigaciones de un fiscal están reflotando un problema de antigua data. En casi todos los quehaceres humanos que requieren el aval de un grado universitario hay usurpadores que, sin escrúpulo alguno, ejercen trabajos para los que no tienen la acreditación requerida.
A nivel de la Administración Pública, con el deseo de estimular a los que se empeñan por mejorar su formación, se implementó la modalidad de un sobresueldo por cada título universitario legal que se presente ante las instancias pertinentes.
Esa situación fue aprovechada por algunos funcionarios para obtener beneficios ilegales, ya que no están respaldados por el cumplimiento del requisito. Llamativamente, el viceministro de Tributación, Andreas Neufeld, figura en la lista de los que de manera indebida perciben 500 mil guaraníes mensuales de más, como ingeniero civil. Hasta hoy no pudo demostrar con documentos el título con el que firmaba expedientes oficiales.
Si para cualquier funcionario de rango inferior es grave mentir para recibir una asignación adicional proveniente de las arcas del Estado, para uno de categoría superior lo es más aún. Neufeld es nada menos que el recaudador de impuestos del Estado paraguayo. ¿Qué autoridad moral tiene para exigir el pago de las obligaciones tributarias una persona que viola una disposición legal? Por otro lado, ¿qué credibilidad puede tener su gestión?
Es necesario que las investigaciones del fiscal Martín Cabrera continúen y se profundicen. Los que poseen títulos falsos no solo deben ser desenmascarados, sino que deben sufrir las penas que las leyes establecen para cada caso. Son muchos los que en la capital y en el interior del país engañan haciéndose pasar por profesionales de tal o cual ramo –médicos, odontólogos, ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, etc.–, cuando solamente hicieron algunos cursos o ni siquiera pasaron por las secretarías de las facultades.
El castigo debe llegar no solo a los que obtuvieron títulos falsos, sino a los que intervinieron para concretarlos. Las organizaciones dedicadas a este rubro de la delincuencia deben ser desmanteladas y encarceladas.