Miércoles|12|NOVIEMBRE|2008
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Hace dos años, el entonces presidente del Conavi, Isacio Vallejos, reconocía que sólo si se construyen 30 mil viviendas por año el Estado estaría respondiendo a un déficit de entre 13 a 15 mil unidades habitacionales/año. Además, que entre la Secretaría de Acción Social (SAS), Yacyretá y el Conavi podían edificar solo 2.000 viviendas por año.
Por eso suena razonable que actualmente se hable de un déficit acumulado de 600 mil viviendas. Este es el contexto que los sintechos quieren revertir, con justo derecho. Pero no de la forma en que algunos grupos pretenden lograrlo. Sobre todo, los que están en la Coordinadora Intergremial de Organizaciones Populares (CIOP).
En esta coalición están los grupos “mimados” y legitimados de forma muy interesada por el anterior Gobierno. Nicanor los erigió en los únicos interlocutores válidos para negociar con las autoridades e incidir en el uso de los fondos destinados a la vivienda. Los convirtió en sus aliados y en votos colorados; les confirió tremendo poder, sin importarle la falta de estatura moral de varios de estos dirigentes. Les avaló el lenguaje de la prepotencia como parte de su modus operandi. Es más, les financió sus movilizaciones, cada vez que precisaba distraer la atención pública sobre temas que revelaban la profunda ineficiencia del Gobierno.
Esos mismos dirigentes, varios de ellos expertos en manipular las necesidades de la gente, son los que ahora pretenden seguir marcando el rumbo de las acciones, paliativas aún, que el Gobierno propone encarar desde la SAS.
El lunes, el propio Fernando Lugo presentó un programa de regularización y apoyo al desarrollo social de los asentamientos. Estuvieron varias organizaciones de sintechos y, por primera vez, se escuchó a otros dirigentes que se expresaron contrarios a los manejos arbitrarios y poco transparentes de los cuestionados líderes afianzados en la era Duarte Frutos.
El Gobierno, a través del titular de la SAS, anunció que institucionalizará la atención al derecho a la vivienda. En la práctica significa retirar del control de los Blas Vera, Felipe Cabrera y otros el manejo de los recursos y poner fin al manoseo de los habitantes de asentamientos precarios.
El problema del limitado acceso al techo propio es demasiado grande y complejo. Detrás está la emigración campo-ciudad. El desarraigo, la pobreza extrema y de mano de esta la ignorancia, los problemas de salud, el desempleo y la marginalidad. Por lo tanto, no basta con construir viviendas sociales. Paralelamente se debe dotar a las nuevas comunidades de los servicios básicos e impulsar actividades productivas y de autosostenimiento.
El asunto está tan precariamente encarado aún, que ni siquiera se tiene información centralizada sobre la cantidad existente de asentamientos y sintechos. Está tan incipientemente enfocado, que en la práctica organismos no especializados como la propia SAS o Yacyretá se inmiscuyen en el tema, pese a que Conavi es la entidad natural para el efecto.
Si el Gobierno llegara a regularizar la atención y puesta en vigencia del derecho a la vivienda, no habría necesidad de intermediarios y gestores. Varios de ellos tienen casa y bienes importantes, y siguen fungiendo de dirigentes carenciados, porque esta posición les reditúa un sinnúmero de privilegios.
Por eso se entiende que no hayan participado en la reunión del lunes y que estén pidiendo la destitución del titular de la SAS, Pablino Cáceres, quien aún no ha tenido tiempo de demostrar si es eficiente. Reclamar el techo propio es digno; someterse a dirigentes inescrupulosos, no.
