Una vez más queda demostrado que el mecanismo de apoyo a los agricultores en forma de subsidio es una vía para que los deshonestos se apoderen del dinero del Estado.
Por decreto del Poder Ejecutivo del 17 de agosto del año pasado, poco antes del inicio del periodo de siembra del textil, se aprobaba el programa de apoyo al sector productivo para la campaña algodonera 2006/2007 y se autorizaba al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) a distribuir 260 mil bolsas de material germinativo e igual cantidad de tubos matapicudo.
A partir de allí comenzó a fraguarse el operativo de engaño para apropiarse de manera indebida de fondos públicos. Algunas empresas y acopiadores se quedaron con las simientes, pretendiendo hacer creer que las habían hecho llegar a destino. Las declaraciones juradas fraguadas no eran sino parte del montaje para quedarse con el importe del subsidio.
El caso de los miembros de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, que utilizaron –según denuncia del CAH a la Justicia ordinaria– como depósito el local de la Cooperativa Caaguazú Poty, ilustra suficientemente la forma de operar de los aprovechadores. Simularon que los materiales de siembra eran entregados a los labriegos, pero no lo habían hecho, en realidad. El propósito era más que claro.
Estos hechos no pueden concretarse sin una cadena de complicidades. El decreto establecía muy claramente los requisitos para acceder al kit del programa algodonero. Funcionarios del CAH y los demás involucrados tuvieron que entrar en connivencia necesariamente.
Lo sucedido es más grave aún si se considera que la Contraloría General de la República, en años anteriores, ya había advertido irregularidades en la intervención de empresas de dudosa calificación para operar con las semillas. Lo curioso es que las firmas están de nuevo en el actual circuito de irregularidades.
Por otro lado, al tomar como referencia datos falsos, el Ministerio de Agricultura llegó a estimaciones equivocadas con respecto a una superficie de siembra que inicialmente estaba calculada en alrededor de 250 mil hectáreas. El área se redujo ostensiblemente porque finalmente quedó en torno a las 100 mil hectáreas nada más.
Los perjudicados son los agricultores, privados de ingresos que pudieron haber sido importantes para ellos, y el Estado, en dos sectores: en el pago a delincuentes y en la disminución de la entrada de divisas por exportación.
Es necesario que el Ministerio de Agricultura replantee globalmente el tema del subsidio y la forma en que se administra. Además, debe exigir judicialmente el castigo y la devolución de lo robado a los que estafaron a los agricultores y al Estado paraguayo.