La actitud del vicepresidente de la República, Luis Alberto Castiglioni, es muy cómoda: mueve el avispero con una declaración rimbombante al señalar que el director paraguayo de Yacyretã, Paul Sarubbi, se beneficia con coimas solicitadas a los empresarios de la construcción, pero guarda las identidades de las personas afectadas por esos hechos de corrupción.
Si él verdaderamente quiere “precautelar los intereses generales de la nación” ?como dijo luego de la intimación notarial que respondió en Pedro Juan Caballero? es su obligación contar quiénes son los afectados por la situación que presenta a la opinión pública.
El segundo del Ejecutivo, más que nadie ?porque forma parte de la estructura gubernamental? tiene que estar en conocimiento de que no solo en la binacional que mencionó, sino también en Itaipú, el Ministerio de Obras Públicas y en otras instituciones que contrata los servicios de constructoras, la podredumbre es omnipresente. Y que ingresan a la rosca los que están dispuestos a “colaborar”. Los honestos y transparentes quedan al margen.
Los empresarios de la construcción se suman a esa actitud irresponsable porque se niegan a revelar la identidad de los que absorben parte de sus ganancias haciendo únicamente uso del poder de decisión que poseen al estar en las instancias de decisión.
La conclusión más obvia para la ciudadanía es que Castiglioni solo posa de contestatario para obtener réditos electorales, sin tener realmente intenciones de provocar una sacudida tal que desate cambios significativos en el sector al que se refiere. El resultado es al revés de lo que pudo haber planificado: en vez de ganar credibilidad, la pierde al no completar la tarea que inició.
Del silencio de los que tendrían que alzar la voz aunque sea a través de los gremios que los representan se deduce que existe una complicidad colectiva. Podrán alegar que la regla del juego para trabajar es aceptar las condiciones impuestas por los que solo admiten la “lealtad” de los que se alinean en filas de la sinvergüencería. Ello, sin embargo, no puede justificar un comportamiento donde ellos son los más gravemente afectados.
Con este tema reflota en la sociedad paraguaya el debate sobre una típica conducta: la ausencia de coraje para enfrentar las injusticias, denunciar y generar una situación diferente para abandonar la ilegalidad y acogerse a los beneficios de circunscribirse a los dictados de las leyes.
Si el vicepresidente de la República y los contratistas de obras públicas desean realizar un aporte sustancial a la democracia, deben asumir su responsabilidad ciudadana y dar detalles concretos de la forma en que, sin dejar rastros documentados, opera la corrupción en el ámbito que les compete. Solo así podrán intervenir jueces y fiscales para investigar las denuncias. De lo contrario, todo es tan solo un sonoro ?aunque inútil? disparo al aire.