Varios agentes estatales fueron mencionados por Juan Arrom y Anuncio Martí luego de ser encontrados en una vivienda de Villa Elisa, donde supuestamente fueron torturados.
No obstante, no todos fueron desvinculados de sus cargos por no encontrarse pruebas en su contra por parte de los fiscales, aunque algunos estuvieron en la cuerda floja. Pero el peso político sí cayó sobre dos ministros y un funcionario del gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Julio César Fanego, entonces ministro del Interior, fue mencionado por Arrom como uno de los que comandaron su supuesta retención forzosa del 17 al 30 de enero de 2002. Su participación fue supuestamente relacionada a causa de un cuadro de llamadas que mantuvo con el ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira, y el secretario del Interior, Mario Restituto González.
Si bien hubo fuertes presiones y acusaciones, no se comprobó nunca su conexión, aunque sufrió consecuencias políticas.
Fanego tuvo que renunciar en febrero del 2002. Años más tarde continuó su carrera dentro del Partido Colorado y falleció siendo senador en el año 2007.
Ferreira renunció a su cargo de ministro también en febrero del 2002, tras ser vinculado por Arrom y Martí en el suceso. Ambos declararon que el secretario de Estado realizó llamadas comprometedoras y Arrom indicó que además conversó con él vía telefónica para recibir las condiciones de su liberación.
Ferreira se defendió diciendo que el 18 de enero de ese año estuvo navegando en el río Paraguay. Negó haber dialogado con alguno de ellos en esos días. La Fiscalía tampoco encontró pruebas en su contra.
Finalmente, en febrero del 2002 fue destituido Marcos Álvarez, quien se desempeñaba como funcionario del proyecto Oñondivepa del Ministerio de Justicia y Trabajo. Declaró que Arrom y Alcides Oviedo le entregaron USD 350.000, supuestamente parte del pago de rescate de María Edith Bordón.