Por más que las autoridades hayan tenido que inventar un protocolo sanitario a medida y a las apuradas para tratar de convalidar esta grosera violación de las más elementales normas sanitarias impuestas durante la pandemia del Covid-19, ello no cambia que el hecho sea una alevosa demostración de prepotencia institucional, una escandalosa concesión de privilegios desde el poder, que profundiza la desigualdad social a favor de los poderosos y en contra de los ciudadanos comunes, en uno de los momentos más críticos que sufre nuestro país.
Permitir que el ex mandatario de un país vecino, acaudalado empresario y dirigente deportivo pueda ingresar excepcionalmente bajo invitación de otro poderoso personaje de la política y del mundo empresarial local, para mantener una reunión privada acerca de la cual no se han brindado informaciones claras, sin someterse a la debida cuarentena, sin cumplir las mínimas normas exigidas, constituye una afrenta para toda a la ciudadanía.
En particular constituye un agravio para el personal médico de este país, que arriesga cotidianamente la vida en enfrentarse al Covid-19, justo cuando está creciendo el número de contagios y fallecimientos.
¿Con qué autoridad, los miembros de la Policía seguirán deteniendo y los fiscales seguirán imputando a los ciudadanos que no obedecen las normas sanitarias de la cuarentena, cuando permiten que un ex presidente las desobedezca abiertamente, con absoluta impunidad?
Lo sucedido refleja, además, una lamentable muestra de debilidad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, permitiendo que su antecesor y hasta hace poco principal adversario político, Horacio Cartes, construya la imagen de que es quien realmente sigue teniendo el principal poder político en el país.
Aún más, revela que el actual mandatario prefiere anteponer los intereses personales y sectoriales en la coyuntural alianza con el cartismo, favoreciendo a componendas espurias que solo buscan un salvataje político antes que consolidar intereses superiores o prioridades para el Estado.
Aunque no se haya aclarado aún oficialmente cuál fue el verdadero motivo de la reunión física tan imprescindible entre Macri y Cartes, que no pudiera haberse concretado a la distancia por alguna videoconferencia digital, lo concreto es que la privilegiada concesión permitida por el Gobierno solo daña aún más a la ya deteriorada institucionalidad democrática de nuestro país.
