Las quejas fueron vertidas en un manifiesto de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la principal asociación de tribus del país.
El texto acusa al Gobierno y al Legislativo de haber adoptado “políticas de Estado dirigidas a negar la existencia y continuidad de los pueblos indígenas como colectividades étnica y culturalmente diferenciadas”.
Entre otros aspectos, los indios acusaron al Gobierno brasileño de paralizar los procesos de creación de nuevas tierras protegidas, además de haber impulsado leyes contrarias a sus intereses en el área de la salud, la educación y la biodiversidad.
Asimismo, afirmaron que el Gobierno está “desmantelando” la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo público encargado de atender a los pueblos nativos.
Según la APIB, el presupuesto de la Funai ha sufrido una reducción del 3 % en 2016 y además el Gobierno está preparando un plan para extinguir sus coordinaciones técnicas locales (CLTs), unas dependencias donde se da empleo a los indios.
El organismo también afirmó que los planes oficiales para sacar a Brasil de la crisis económica supondrán “profundos retrocesos en cuestiones socioambientales, rifando los derechos territoriales indígenas y la regulación ambiental, a favor, obviamente, del sector de la minería, de la agroindustria” y de las grandes obras públicas.
Estas medidas, según la APIB, están “en dirección contraria” a los compromisos que asumió Rousseff el pasado diciembre durante la primera Conferencia Nacional de Política Indigenista, en la que participaron cerca de 2.000 líderes tribales.
Las protestas de los indios contra las políticas de Rousseff se han repetido frecuentemente en los últimos años.
