Durante su gobierno (2010-2014) se redujo ostensiblemente la tasa de feminicidios en Costa Rica. Laura Chinchilla fue la primera mujer en ocupar la presidencia de su país, como culminación de una larga carrera política.
Conoce el Paraguay por las veces que le ha tocado venir al frente de la Misión de Observación Electoral de la OEA. La semana pasada estuvo de nuevo en Asunción, pero esta vez como parte del Club de Madrid, organización de ex jefes de Estado y de académicos que estudian y promueven la democracia. Ella en particular tiene una agenda política a nivel global que incluye temas de seguridad y paz, democracia en el mundo y derechos de las mujeres. Esto último dio pie a esta entrevista.
–Las mujeres y las niñas siguen siendo víctimas de mucha violencia en Latinoamérica. ¿Cómo afrontó esta situación al convertirse en 2010 en la primera presidenta de Costa Rica?
–En mi caso, la Presidencia fue la culminación de una carrera en el servicio público que se había iniciado precisamente con temas muy ligados a la violencia en general, y a la violencia contra la mujer, en particular. Me inicié en el cargo de viceministra primero, y luego ministra de Seguridad Pública. Entonces, el tema no me era ajeno. Ya había podido constatar, por ejemplo, que una de las instituciones más relevantes para el combate a la violencia contra la mujer, como la Policía, vivía escenarios de violencia doméstica en los hogares de sus agentes. Había además una gran indiferencia ante el problema. Se consideraba que la violencia doméstica era un asunto privado, de la puerta para adentro en los hogares, y entonces existía mucha resistencia a hablar del tema y reconocerlo y atender los casos que se denunciaban. Ahí empezó el trabajo ya comprometido, en tratar de invertir, crear conciencia en la Policía, darles mejor capacitación.
–¿Qué hicieron desde el Gobierno?
–Construir equipos de trabajo. Cuando asumí la Presidencia, podría decir, las condiciones ya estaban dadas para que toda esa inversión que habíamos hecho históricamente en una ley, en la capacitación, en el entrenamiento a la Policía, en el trabajo conjunto entre jueces, fiscales y policías, en materia de prevención, pudiera dar sus frutos. Simplemente le dimos la prioridad al tema. Lo llevamos al primer lugar de la agenda de mi Gobierno y personalmente, como presidenta, me involucré en el monitoreo de las acciones y de resultados. Logramos reducir la tasa de feminicidios en un 70%.
–¿Se habría logrado eso si no hubiera llegado una mujer a la Presidencia?
–No creo que se tenga que ser mujer para ser sensible ante la muerte de quienes no necesariamente son congéneres. Si un político no siente sensibilidad ante la situación más trágica que puede vivir cualquier ser humano, que es una muerte violenta, entonces, ¿ante qué va a sentir sensibilidad? Ha habido gabinetes donde no necesariamente una mujer ha llevado adelante esta lucha. Creo que cuando hay mujeres, pues tiende a haber una identificación quizá más rápida, pero no es una preocupación exclusiva de las mujeres. Aquí en Paraguay, la combinación que se está dando de contar con mujeres en carteras tan importantes como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez, y tener a ministros muy sensibilizados con el tema, como el del Interior y los de Educación y Salud, puede generar que este tema empiece a cambiar.
–En Paraguay se aprobó una Ley “de protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, ¿cuál debe ser el siguiente paso para que la sociedad internalice esta norma y haya cambios favorables?
–Es un paso importante, pero no hace el cambio. Reconocemos la importancia de esta ley y de otras que se aprobaron con antelación. Es un paso adicional que refuerza el marco legal con que cuenta el Paraguay. Pero el gran desafío que se tiene adelante es implementar el espíritu y la norma ahí contenidas.
Hay tres acciones que son vitales para implementar esa ley y caminar hacia un impacto real concreto que cambie la realidad. La primera es comprender que el combate a la violencia contra la mujer les corresponde a muchas instituciones. Si no se aborda con un enfoque interinstitucional e intersectorial es muy difícil tener resultados. La ley le da la rectoría al Ministerio de la Mujer, que cuenta con pocos recursos, por lo tanto, tiene que convocar a muchas otras instituciones para que esto camine. La primera acción clave es instalar una mesa de trabajo interinstitucional con participación de la sociedad civil, como prevé la ley. La ministra, a quien hemos visitado, ya está en condiciones de anunciar la próxima instalación de esta mesa en el mes en curso.
–¿Cuáles son las otras acciones?
–La segunda es dotar a esa mesa de un instrumento de trabajo. Tiene que haber un plan, una hoja de ruta clara. Con metas medibles, acciones concretas, y recursos. La tercera acción es una campaña de sensibilización para conseguir que cambie la actitud de la gente. Si no logramos que los pueblos cambien su actitud ante temas como la violencia doméstica, va a ser mucho más difícil que las instituciones lo hagan. Si siguen considerando esto como un problema privado, los ciudadanos no ayudan a prevenir.
–Los ministerios de la Mujer y de la Niñez, que son claves en todo esto, tienen presupuestos muy bajos. ¿Qué diría al respecto a la clase política?
–Un error que cometemos la clase política y especialmente quienes legislan es que aprueban leyes sin saber cuánto cuesta la puesta en vigencia de estas. Es decir, sin asignarle los recursos para que pueda aplicarse. En conversaciones con funcionarios de esos ministerios y con jueces y fiscales hemos escuchado de ellos que le dan más obligaciones con los mismos recursos. Ya de por sí, por ejemplo, los jueces de paz están desbordados y ahora tienen que atender el tema de la violencia doméstica. Creo que aun cuando a esta ley no se le asignaron los recursos y todavía no se puede saber cuánto puede costar su implementación, un empujoncito adicional con algunos recursos podría ayudar y representar una diferencia importante.
–¿Qué otros actores deberían involucrarse?
–El otro actor que hay que tratar de sumar a esta lucha son los gobiernos locales, porque es en el plano local donde ocurren todas estas cosas. Hay que garantizar que la asistencia legal que puedan tener las víctimas de la violencia esté lo más cerca posible de ellas. Que no tengan que viajar golpeadas 3-4 horas a buscar donde denunciar, dejando a sus niños en la casa.
–En el ámbito de la política, la discriminación de las mujeres y el discurso violento forman parte del día a día… ¿Cómo luchar contra esto?
–Eso es algo a lo que hay que prestarle atención. Aunque en el continente ya hay algunos congresos con conformación paritaria, se da por descontado que basta con llevar un número determinado de mujeres al Congreso. Pero se plantean escenarios de respuestas agresivas ante la llegada de las mujeres. Un tratamiento discriminatorio en la arena política. Buscan descalificar o intimidar a la mujer como contendora política. Los partidos políticos pueden hacer mucho en cuanto a prevención, y también los tribunales electorales. Pero también tiene que haber algunas normas que sancionen a quienes promueven la violencia política. Habrá que legislar en esos temas, porque hay quienes no quieren observar las normas de comportamiento, por más sensibilización que hagamos.
