Opinión

Los dos cocos de Jalil

Las evidencias presentadas este martes por el fiscal Jalil Rachid para sostener su acusación por asociación criminal, invasión de inmueble, homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso, frustración de la persecución y ejecución penal, en contra de los campesinos procesados por la masacre en Curuguaty, mueven a todo, menos a una reflexión seria.

La larga lista de elementos, que según el agente del Ministerio Público demuestran como mínimo que los ocupantes de las tierras de Marina Cué son culpables y que pensaban quedarse por mucho tiempo en el lugar, exhiben la negligencia de una gestión que, según él, “es fruto de un trabajo minucioso”.

Lo que uno esperaría de instituciones del Estado mínimamente coherentes se diluye por las alcantarillas. Cómo entender que cinco monedas de 100 guaraníes demuestran que una o varias personas son asesinas sangrientas, que un tornillo asegura que había un plan para producir aquella masacre, que G. 24.000 son suficiente elemento para concluir la culpabilidad dolosa de alguien, que dos semillas de coco y 5 honditas de goma son irrefutables muestras de la preparación de una masacre, que un litro de aceite para ensalada es la constatación del delito, que un carnet de afiliación al Partido Colorado es indicio del levantamiento contra el orden jurídico, que una botella de 1/4 de caña o un cortauñas son razón de peso de una actuación asesina por parte de los sintierras, que un envase de gaseosa o un kepis rosado son irrefutables muestras de una emboscada, o que un rollo de papel higiénico o una caja de cigarrillos son elementos contundentes de la matanza.

Lógico, también hay balas sin percutir o casquillos de proyectiles, no se habla de arma alguna, aunque en el expediente se mencionan escopetas para cacería descompuestas y rifle de aire comprimido, celulares, cintos, un bolsón militar, llaves de motocicletas, pegamento para junta, etc.

Por lo demás, nada. Solo un discurso criminalizante y violatorio al debido proceso. El fiscal sigue usando expresiones que sostienen que los campesinos son criminales y que deben demostrar su inocencia; no al revés, como dictan las leyes y las doctrinas que en teoría él enseña en Derecho Agrario en la Universidad Católica, donde sus colegas docentes y sus estudiantes le piden, a través de reiterados medios, que renuncie por su evidente mal desempeño en la causa de la masacre.

Pasaron un año, un mes y 17 días de la matanza. No hay acusación individualizada; no hay investigación sobre quiénes dieron muerte a los 11 campesinos, no hay evidencias de que aquellas sean tierras privadas; no hay lógica en la incriminación, no hay seriedad... Solo hay cocos y una supina mediocridad fiscal.

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