El estudio, al que hoy tuvo acceso Efe, se titula “Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres Flores. En la búsqueda de los autores intelectuales”.
Berta Cáceres fue asesinada en su casa el 3 de marzo de 2016 y hasta ahora hay 8 personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto.
En el estudio de Oxfam, Austra Berta Flores señala que su hija denunció formal y públicamente ante el Ministerio Público el otorgamiento y la aprobación ilegal de al menos 49 proyectos hidroeléctricos en los territorios de la etnia lenca, a la que pertenecía.
“Por sus acciones en defensa del pueblo y el territorio lenca, mi hija fue perseguida, amenazada y acusada criminalmente. Los hostigamientos no cesaron hasta su asesinato”, subraya la madre de la líder ambientalista, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
La madre se pregunta "¿Quiénes son los autores intelectuales del crimen contra mi hija? ¿Es acaso el Estado, la clase política, los empresarios privados interesados? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no se investiga a profundidad?”.
Para conocer los nombres de los autores del crimen de la ambientalista y los intereses de por medio, afirma su madre, “bastaría leer las innumerables denuncias que Berta presentó ante las autoridades de justicia”, porque “en ellas se encuentran las líneas de investigación que deben profundizarse”.
Berta Cáceres se oponía a proyectos hidroeléctricos que son impulsados en el occidente de Honduras, como el de Agua Zarca, porque consideraba que le causarían daño a las comunidades indígenas.
Su madre recuerda en el informe de Oxfam que, consciente de que sus denuncias enfrentaban grandes intereses económicos y políticos, Berta Cáceres expresó que el modelo extractivista y explotador en las regiones lencas de Honduras era ilegal.
Ello porque, entre otras razones “no respetaba la Consulta dispuesta por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual otorga el derecho a los pueblos indígenas de decidir el uso de sus territorios”.
Según Berta Cáceres, el proyecto “Agua Zarca”, impulsado por la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA) en el río Gualcarque, se construía sobre una base de ilegalidades, y su ejecución traería repercusiones negativas a la sociedad lenca y el medioambiente.
Ejecutivos de DESA sostienen que el proyecto, que está paralizado desde el asesinato de Berta Cáceres, no causa daños al ambiente y además es una fuente de empleo para muchos hondureños en el occidente del país.
El proyecto generaría 21 megavatios, aunque según denuncias, la licencia que se le autorizó fue solamente para 17 megavatios.
Austra Berta Cáceres señala además que la defensa de su hija “era ciudadana, porque del Estado no recibió más que criminalización, a pesar que gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
El documento de Oxfam recoge antecedentes de la empresa DESA, sus inicios, sus contratos, modificaciones, estatus de la propiedad de la tierra, antecedentes de proyectos hidroeléctricos en el río Gualcarque, impacto económico del proyecto Agua Zarca y secuencia de actos violentos e ilícitos.
También hace referencia a las medidas cautelares de la CIDH a favor de Berta Cáceres, requerimientos fiscales contra funcionarios públicos y a “verdades incontrovertibles” sobre el asesinato de Berta Cáceres.
