En teoría, una visita aleatoria de un agente de la Policía es suficiente para controlar si una persona cumple con un arresto domiciliario. En la práctica, este método quedó totalmente obsoleto e ineficaz, admiten autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.<br/><br/>Una muestra: La semana pasada, Luis Miguel Cubilla (28), fue detenido por un brutal asalto a una odontóloga. El presunto delincuente supuestamente cometió el atraco en la vía pública, registrado por una cámara de seguridad, a pesar de que debía estar guardando arresto domiciliario.<br/><br/> Para jueces, fiscales y comisarios, este y otros casos ocurridos en los últimos años dejaron en evidencia que el sistema actualmente utilizado para controlar todos los arrestos en casas ya es inaplicable.<br/><br/>Las únicas personas que se encargan de velar por el cumplimiento de estos arrestos son los policías de las comisarías jurisdiccionales. Es decir, cada comisaría debe inspeccionar las viviendas de los procesados con prisión domiciliaria en la zona que le corresponde.<br/><br/> Los controles son aleatorios y los agentes encargados deben hacer firmar un documento a los procesados para dejar constancia del cumplimiento de la resolución judicial, indicaron desde la Policía Nacional.<br/><br/>INSUFICIENTE. Carlos Aguilera, jefe de Orden y Seguridad de la Policía, admitió que el método aleatorio utilizado para realizar el control es ineficaz. <br/><br/>"Va a ser siempre insuficiente, la Policía tiene 24 horas de actividad. Para estar controlando exclusivamente es imposible. Cuando el jefe (de comisaría) dispone, se verifican las viviendas”, afirmó el tercero en mando de la institución policial.<br/><br/> “El Poder Judicial podría tener un control más efectivo, ellos tienen muchos ujieres. Ellos podrían visitar las casas y preguntar por los detenidos”, planteó el jefe policial.<br/><br/>Aguilera también dijo que muchas veces ocurre que el juez dicta el arresto y otorga la resolución al abogado defensor para que notifique a la comisaría jurisdiccional. Sin embargo, los abogados no llevan la orden a la Policía. “A muchos se les detienen y recién ahí la Policía se entera que tenían arresto domiciliario”, afirmó el comisario.<br/><br/>DEPURAR PROCESOS. Por su parte, el fiscal de la unidad de Convivencia Ciudadana, Cristhian Bernal, opinó que actualmente tampoco se puede aplicar el sistema de las pulseras electrónicas debido a la débil infraestructura policial.<br/><br/> “Primordial es que haya una depuración de los procesos. Que los que tengan antecedentes no obtengan más medidas alternativas. Hay personas con 5 o 6 antecedentes con medidas”, indicó Bernal.<br/><br/>Una tercera opción fue la brindada por el juez José Delmás, quien dijo que la Policía debería tener una unidad especial para controlar a los que tienen arresto domiciliario.<br/><br/>"El arresto no se cumple jamás a cabalidad. Algo similar ocurre en los casos de suspensión condicional del procedimiento”, comentó el juez.<br/><br/> LAS TOBILLERAS COSTARÍAN G. 800 MIL CADA UNA POR MES<br/><br/> El viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos María Aquino, contó que desde noviembre del año pasado existe el interés del Poder Ejecutivo en comprar las pulseras o tobilleras electrónicas para controlar a los procesados. Sin embargo, el principal impedimento para esto es el alto costo que tendrían los equipamientos.<br/><br/> “El costo de utilización de equipos alcanzaba aproximadamente G. 800 mil mensuales para cada una de las tobilleras. Se debe discutir quién va a absorber el costo de esto, si es que se aplica acá”, comentó el viceministro.<br/><br/>Aquino dijo estar optimista en poder implementar este año un plan piloto con las tobilleras electrónicas. “Al costo de G. 800 mil por tobillera deberíamos poder aplicarlo en 500 personas”, manifestó el funcionario, al tiempo de aclarar que ahora mismo el proyecto está varado, debido a que no existen los recursos financieros necesarios.<br/><br/> POLICÍA DETUVO A SUPUESTOS DELINCUENTES CON MEDIDAS<br/><br/>Solamente en este principio de año, la Policía detuvo por distintos delitos a varias personas que debían cumplir prisión domiciliaria.<br/><br/>Uno de ellos es Luis Miguel Cubilla, detenido por el asalto a la odontóloga, según la Policía cuenta con antecedentes por robo frustrado de vehículo (1999), hurto (2000 y 2012), robo agravado (2006), robo (2007), estafa y operaciones fraudulentas por computadora (2012). El hombre tenía prohibición de salida del país.<br/><br/>Asimismo, en Ciudad del Este la Policía capturó a un joven de 17 años que tenía en su poder una motocicleta robada. El adolescente fue detenido durante un control rutinario de vehículos.<br/><br/>En enero también fue detenido Ignacio Gustavo González Colmán, con dos antecedentes por tráfico de estupefacientes, por supuesta venta de crac en Ciudad del Este. El fiscal Manuel Rojas dijo que el detenido contaba con un arresto domiciliario por tráfico de estupefacientes. Estos son solo algunos casos de arrestos domiciliarios burlados por el procesado. Y la muestra cabal de la situación de esta figura es que nadie siquiera tiene idea de cuántas medidas de arresto domiciliario vigentes hay.<br/><br/>