Sobre los efectos negativos de la retirada de la CADH para los ciudadanos venezolanos ya hay numerosos pronunciamientos, pero la decisión tomada en 2012 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y secundada un año después por su sucesor, Nicolás Maduro, preocupa además por otros motivos.
El paso venezolano puede “ser el comienzo de un efecto dominó entre sus aliados en América Latina, que, al igual que ese Gobierno, se han expresado molestos con el cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión”, dijo a Efe Vicente Torrijos, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana y otros centros colombianos.
“Se ve muy clara la intención de Venezuela y sus aliados de socavar el sistema interamericano que apuesta por la libertad para sustituirlo progresivamente por la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)”, aseguró el analista.
La CADH da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la que no solo el Gobierno venezolano, sino los de Bolivia y Ecuador, lanzan sus dardos desde hace tiempo.
Maduro ha justificado la decisión venezolana de abandonar la Convención en que a su juicio tanto la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, como la CIDH, con asiento en Washington, “degeneraron y se creen un poder supranacional”.
El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, ha lamentado la retirada de Venezuela de la CADH, que se concretó el 10 de septiembre, y asegurado que “debilita” el sistema interamericano de Derechos Humanos.
El pasado 22 de marzo, en una reunión extraordinaria de la OEA, los países miembros aprobaron una serie de reformas a la CIDH, pero Ecuador impulsa cambios adicionales para, entre otras cosas, cambiar la sede de la Comisión a un lugar que no esté en EE.UU., pues este país no ha ratificado el Pacto de San José, sobre el que se asienta.
Venezuela “dio un paso equivocado pero que coincide con la naturaleza de un régimen que no quiere rendirle cuentas a nadie”, dijo a Efe Torrijos.
Torrijos dijo que, tras la decisión venezolana, a futuro se plantea “un pulso” entre Venezuela y sus aliados (especialmente Bolivia, Ecuador y Nicaragua) con Chile, Colombia, México y Perú, países fundadores de la Alianza del Pacífico “proclives a la libertad y a defender las instituciones de la OEA”.
“Lo que podemos ver hacia el futuro es a un grupo de países liderado por Venezuela tratando de socavar al sistema interamericano para reemplazarlo gradualmente por la Celac, que es una especie de OEA sin Estados Unidos, y a los de la Alianza del Pacífico, que creen en los valores de la democracia”, enfatizó el analista.
Otro especialista en relaciones internacionales, el colombiano Ricardo Abello, declaró a Efe que, al retirase de la CADH, Venezuela “ha expresado su descontento con el sistema interamericano de derechos humanos, aunque seguirá vinculada a mecanismos continentales o globales que le obligan a garantizarlos”.
“No deja de resultar paradójico que sean gobiernos que se autoproclaman de izquierda los que estén debilitando el sistema interamericano de derechos humanos, surgido hace cuatro décadas para denunciar los abusos y frenar los desafueros de los dictadores de derecha”, dijo Abello.
Consultado por Efe el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, se remitió a las cartas que envió a los presidentes de los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para pedirles, sin éxito, que trataran de evitar la salida de Venezuela de la CADH.
“Desde que Venezuela ingresó al Mercosur hace un año, los demás Estados del bloque han evitado tratar pública y seriamente con el Gobierno venezolano su pésimo récord en materia de Derechos Humanos (...)”, se quejó Vivanco en una de las misivas.
En esa línea, el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, señaló que la decisión del Gobierno de Maduro “va a contrasentido de las normativas sobre derechos humanos del bloque al que ahora pertenece” y se quejó por el “silencio” que, a su juicio, han guardado los mandatarios del Mercosur ante la decisión de Venezuela.
Camilo José Ramos
