Refiriéndose a la deuda impaga que tiene nuestro país y que data de la época de la dictadura, el legislador dijo que la sentencia impuesta por el tribunal suizo es el castigo al país que durante la etapa de la dictadura abusó de los negocios, donde el límite entre los intereses personales o particulares y los del Estado no estaban claramente establecidos. La demanda internacional está basada en una deuda contraída en la década del 80 por el embajador itinerante Gustavo Gramont Berres.
Añadió que los tribunales internacionales usan estos tipos de mecanismos para penalizar de alguna manera el intento de camuflar negocios particulares a través de mecanismos seudopúblicos. Refirió que aun cuando esta sentencia constituya un abuso, es consecuencia de la desidia de gobiernos posteriores que no supieron trabajar o defender adecuadamente los intereses del país.