Por Wendy Marton | wmarton@uhora.com.py
Tanto el Gobierno como el sector privado coinciden en que es hora de realizar una reforma al sistema tributario actual. Mientras algunos insisten en cerrar el círculo y aplicar todo lo establecido en la Ley 2421/21, de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, otros ya hablan de realizar cambios a algunos tributos existentes o crear nuevos instrumentos de recaudación.
Desde el Poder Ejecutivo se impulsa con más fuerza la vigencia del Impuesto a la Renta Personal (IRP), un tributo creado hace ocho años pero que nunca pudo ser aplicado. El IRP ya fue postergado en cuatro ocasiones, siempre con un argumentos diferentes. Mientras que en el gobierno anterior eran los liberales quienes se oponían y los colorados apoyaban, hoy la situación es a la inversa.
Se estima que este tributo dejaría al fisco un ingreso directo de G. 25.000 millones (USD 6,2 millones), y se espera que en forma indirecta, a través de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), posibilite una recaudación de G. 180.000 millones (USD 45 millones).
APOYO. Pero además, el Ministerio de Hacienda sumó su apoyo público a la propuesta planteada por el senador liberal Ramón Gómez Verlangieri, de crear un impuesto a la exportación de soja, maíz y girasol (ver cuadro). Se estima que el impuesto a la exportación de granos dejará al Tesoro un ingreso aproximado de USD 100 millones.
Hacienda sostiene que el impuesto a determinados productos agrícolas en estado natural, a ser creado por iniciativa parlamentaria, generará un importante volumen de nuevos ingresos tributarios al corregir una antigua inequidad y eliminar el privilegio de un sector que tiene grandes ganancias y aporta muy poco al fisco.
Y además de este nuevo instrumento tributario, el fisco ya comenzó a deslizar la necesidad de hacer una revisión completa del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (Imagro), que hoy deja al Tesoro un ingreso de apenas 0,5 % del total recaudado.
A raíz de la ofensiva gubernamental, cuya dupla Ejecutivo-Legislativo plantea crear impuestos y reformar los existentes, el sector privado comenzó a analizar alternativas que no serán tan traumáticas cuando sean aplicadas.
Una de las propuestas es hacer una revisión del impuesto inmobiliario, de manera que los propietarios de grandes extensiones de tierra tributen más. Para ello, los empresarios aseguran que primero se precisa un catastro confiable, para saber exactamente dónde están las propiedades, cuáles son los verdaderos límites, y de paso solucionar el problema de los títulos. Entretanto, los economistas hablan de probar con la aplicación del IVA al sector agropecuario.
Las cifras
2.889,8
millones de dólares recaudó el fisco el año pasado en concepto de todos los impuestos.
7,6
millones de dólares solamente aportó el Imagro a las arcas fiscales de todo lo recaudado.
35 %
de retención impositiva aplica Argentina a la exportación de las semillas de soja.
IMPUESTO A LOS ACTOS NO FUNCIONÓ Y FUE DEROGADO
La Ley 125/91 contemplaba la aplicación del Impuesto a los Actos y Documentos. Este tributo gravaba los actos vinculados a la intermediación financiera: las letras de cambio, giros, cheques de plaza a plaza, ordenes de pagos, cartas de créditos y en general toda operación que implique una transferencia de fondos dentro del país o el exterior, cuando el beneficiario de la misma es una persona distinta del emisor.
Eran contribuyentes los otorgantes de documentos anteriormente citados y los exportadores de productos agropecuarios en estado natural. Las tasas eran del 1,5 % y 2 %(el tope era del 12%). Aunque era mayormente aplicado a las transacciones financieras, durante un tiempo alcanzó a los exportadores. Pero tuvo que ser derogado poco tiempo después, pues resultó inaplicable para el sector agropecuario.