Llamosas rechazó cualquier manto de dudas respecto al manejo público.
Fernández Valdovinos dijo que el resultado fiscal esconde basura bajo la alfombra.
“Sobre los cuestionamientos a la contabilidad de los gastos públicos, cabe en primer lugar rechazar cualquier manto de duda respecto al proceder de la administración en ese aspecto”, retrucó Llamosas.
Explicó que la metodología utilizada para el registro de los ingresos y los gastos públicos, así como para el cálculo del déficit, se realiza sobre la base de los ingresos efectivamente percibidos y a los gastos obligados y pagados, tal como lo establece el marco legal vigente.
El ministro de Hacienda sostuvo que la información es remitida y verificada de manera periódica tanto por entidades nacionales (Contraloría y Congreso Nacional), así como por organismos internacionales en las distintas evaluaciones.
Remarcó que la idea de que el gobierno entrante se pueda encontrar con las “arcas vacías” no se condice con las complejidades que rigen a la administración financiera del Estado.
Sostuvo que la propia Ley de Responsabilidad Fiscal y el decreto reglamentario de la ley de PGN 2023 establecen que en los años de elecciones generales el gasto corriente de la Administración Central entre los meses de enero y julio no será mayor al 60% del presupuesto aprobado para ese año.
“Los recursos públicos no se encuentran disponibles en su totalidad en una especie de bóveda o caja fuerte, y que pueden disponerse de ellos de manera discrecional”, dijo.
DEBE FUNCIONAR. Por su parte, Seitz sostuvo que el Estado no puede dejar de funcionar regular y adecuadamente. Agregó que las licitaciones se ciñen a un cronograma establecido y planificado previamente, con meses de antelación, que debe cumplirse en este ejercicio fiscal.
“Suspender los procesos en curso ocasionarían un perjuicio al Estado y a la ciudadanía, puesto que aquel se encontraría impedido de cumplir con los servicios y prestaciones que debe brindar a la ciudadanía”, aseveró.
Agregó que la suspensión o la pausa en general de los procesos de compra, no están previstas en el ordenamiento normativo.
Sobre los cuestionamientos a la contabilidad de los gastos públicos, cabe rechazar cualquier manto de duda.
Óscar Llamosas,
ministro de Hacienda.
Suspender los procesos en curso ocasionarían un perjuicio al Estado y a la ciudadanía. No se cumplirían servicios.
Pablo Seitz,
director de Contrataciones.