Los diputados Colym Soroka y Jazmín Narváez se presentaron ayer en el Palacio de Justicia en apoyo a su colega Ulises Quintana, quien acudió para su audiencia de revisión de medidas donde finalmente se le mantuvo la prisión preventiva en la cárcel de Viñas Cué. La diputada Narváez, lideresa de la bancada de Colorado Añetete en la Cámara Baja, afirmó que Quintana es un “preso político” y que el Ministerio Público no responde al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
“Creemos que es un preso político porque no encontramos elementos contundentes para sostener una imputación tal y como le fue impuesta a él (Quintana). Hasta ahora sostenemos que no existe peligro de fuga de él ni hay ánimo de obstruir el proceso, al contrario, desde la Cámara de Diputados le llegamos a recordar al Poder Judicial que pida los oficios a los bancos y financieras”, dijo.
Al ser consultada sobre si es el Gobierno del propio Mario Abdo el que “persigue” a Quintana, la diputada dijo que no todos dentro del Gobierno responden al presidente, entre ellos, el Ministerio Público.
“Dentro de nuestro Gobierno, no es por nada, pero no todos responden al presidente... nosotros le respondemos al presidente de la República, pero no todas las instituciones, el Ministerio Público por ejemplo”, señaló.
Por su parte, el diputado Soroka negó que estén ejerciendo presión para que su colega y compañero de bancada, actualmente con permiso, sin fueros y con prisión preventiva, sea liberado, pero instó a que la Justicia avance en el proceso, asegurando que Quintana es inocente.
“Lo que pedimos es que avance la Justicia. Yo vine como un amigo más, vine a quedarme en el pasillo sin presionar a nadie. ¿A quién voy a presionar si un diputado está preso?”, señaló.
CRÍTICA. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, manifestó que el Ministerio Público no tiene por qué responder al Poder Ejecutivo, o al Legislativo, y sostuvo que solamente se debe a la sociedad.
“En primer lugar tenemos que destacar que el rol del Ministerio Público es el de ser representante de la sociedad, no del Poder Ejecutivo, del Legislativo, no representa a ningún poder. La Fiscalía representa a la sociedad, y entonces mal podría hablarse de que la fiscala general del Estado esté o no respondiendo al presidente de la República, porque eso no es correcto, no tiene por qué responder al presidente ni a ningún poder fáctico. Tiene la obligación constitucional de defender los intereses de la sociedad”, expresó Galeano.
El titular del gremio de los profesionales del derecho indicó además que es importante mantener la independencia del Poder Judicial en el país.
“Trascendental importancia es garantizar la independencia del funcionamiento de todo el sistema de administración de justicia, entiéndase Corte Suprema para abajo, y la Constitución consagra eso... dentro de ese esquema, el Ministerio Público también debe ser independiente, poco favor se haría, e implicaría un gran retroceso, que tanto magistrados como agentes fiscales estén respondiendo a intereses políticos, económicos, o de cualquier otra índole”, manifestó.