El senador liberal Fernando Silva Facetti mencionó que se realizó una mesa de trabajo en la que se lanzaron algunas propuestas para que se pueda dar cumplimiento a la ley.
Mencionó que de cada 10 personas privadas de libertad, 7 son a causa de violencia; y que con este método, en Uruguay, se redujo a cero la violencia familiar.
Además, acotó que el objetivo de esta normativa es descomprimir las cárceles.
Remarcó que el primer inconveniente fue sobre la autoridad de aplicación que recaía en la Corte Suprema de Justicia, pero se modificó para que sea atribución del Ejecutivo, y quede en manos del Ministerio del Interior.
“Las autoridades de Contrataciones Públicas pusieron dos vías posibles, una que podría ser a través de concesión, que el beneficiario pague a la empresa; y la otra, a través de un llamado a licitación, en cuyo caso sería el Estado el que pague”, explicó el senador, y que continuarían las reuniones sobre el tema.
