La denominada norma de “carga pública” empieza a aplicarse desde ayer, después de dos fallos del Tribunal Supremo que dieron marcha atrás a sendas decisiones de cortes de los estados de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland que bloqueaban su entrada en vigor en octubre pasado.
La polémica reglamentación, sin embargo, tiene pendiente varias demandas en contra. Según Catalina Sol, directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo, la “carga pública” es una prueba que se aplica a quienes soliciten residencia permanente, también llamada “green card”. “Es una regla muy antigua y su objetivo es asegurarse que uno no se va a convertir en una carga para el Estado”, detalló.
Para Shelby Gonzáles, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, esta normativa cambiará “radicalmente” el sistema de inmigración estadounidense “a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes”. “La regla es casi como una prueba de riqueza”, opinó Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council. EFE