La senadora liberal Celeste Amarilla lamentó que el Gobierno no haya escuchado los dictámenes en contra del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Petróleos Paraguayos (Petropar). Reiteró que se trata de una ley inconstitucional, como lo señaló el propio MIC.
El senador Gustavo Leite, uno de los impulsores del proyecto, reiteró que tiene amistad con grandes productores de caña dulce, pero aseguró que no lo mueve algún interés en particular. El legislador cartista aseguró que unos 40.000 productores de distintos departamentos serán beneficiados con la medida.
“Si no tenemos una ley que proteja al alcohol de caña, si no impulsamos su desarrollo, vamos a tener un monopolio de alcohol de maíz. Lo más sensato es que ambas materias primas compitan entre sí”, afirmó Leite.
Por su parte, el liberocartista Dionisio Amarilla dijo que también tiene amigos que serán beneficiados con la propuesta. Asimismo, afirmó que la propuesta ayudará a miles de familias campesinas. “Mi apoyo es al veto del Ejecutivo y sancionar el resto del marco regulatorio. Lo hago en honor a mi gente, a la empresa que le permitió a mi padre jubilarse ASZPA”, dijo.
El senador liberal Eduardo Nakayama calificó el proyecto de ley como un mamotreto y afirmó que es una falacia indicar que esto beneficiará a los pequeños productores. Afirmó que solo se busca ayudar a los grandes empresarios.
Rafael Filzzola aseguró que la ley está orientada y dirigida a grandes productores. Advirtió sobre una distorsión de la economía.
“Si tememos al monopolio, hagamos leyes contra el monopolio. Esta ley no está pensada para el pequeño productor”, dijo.
El veto del Poder Ejecutivo afecta a dos artículos de la propuesta. El primero de ellos obliga al Estado a aumentar su cupo de vehículos con movilidad flex, mientras que el segundo establece nuevas sanciones para quienes incumplen con los porcentajes establecidos.
La medida fue cuestionada por varios sectores afectados.