Se trata del polémico proyecto de ley sancionado el pasado miércoles en Diputados y que permitirá a la empresa estatal comprar combustibles de forma directa y sin proveedores.
Es uno de los puntos que habían exigido los camioneros movilizados, bajo el argumento de que servirá para que Petropar pueda adquirir en mejores condiciones los derivados del petróleo y así bajar los precios de venta al consumidor final.
Si bien durante el tratamiento del proyecto en ambas cámaras hubo detractores, fue en Diputados donde se alertó en torno a que la ley estaba dando lugar a manejos fuera de lugar a partir de que exceptúa de todo control por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en las compras futuras de la estatal.
Incluso, trascendió que el texto aprobado tendría un agregado que no tenía el proyecto original y que deja sin posibilidad de intervenir a la DNCP en el control del proceso de compras. Intentamos hablar con el titular del ente, Pablo Seitz, pero no respondió ni a llamados ni mensajes para conocer su impresión sobre la ley.
En medio de este panorama, Abdo Benítez insinuó ayer que se apresta a promulgar la normativa una vez que la reciba y analice. Fue durante una jornada de Gobierno en el Guairá.
“Yo normalmente no utilizo la herramienta del veto cuando hay una mayoría que se construye desde el Congreso de la nación. Yo normalmente respeto el consenso mayoritario en el Congreso”, apuntó en torno al respaldo que tuvo el proyecto de ley en el Legislativo para su sanción.
Agregó que ahora van a evaluar la ley sancionada en el Ejecutivo y reiteró que para este tipo de casos trata de no usar la herramienta del veto, “por respeto al trabajo del Poder Legislativo y a la mayoría”.
SIN CONTROL. Por su parte, el diputado liberal Celso Kennedy, quien fue el principal detractor de esta ley durante su tratamiento. A través de su cuenta de la red social Twitter advirtió que forma parte “de proyectos de leyes con trámites urgentes y bajo presión, que tienen intenciones de apropiarse de remanentes patrimoniales del Estado y garantizar la impunidad y estabilidad a saqueadores”.
En conversación con ÚH, dijo que se mantiene en su postura de oposición a esta legislación porque libera a Petropar del cumplimiento de regulación de la Ley de Contrataciones Públicas 2051.
Indicó que este proyecto deja libre a la estatal para comprar de cualquiera combustibles, sin regulación alguna, para supuestamente estar en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Subrayó que la diferencia radica en que los privados arriesgan su capital y Petropar el dinero del contribuyente. Dijo que confiar a ciegas en la empresa pública no le motiva.
Insistió en que no puede estar de acuerdo en dejar sin ley de control a la petrolera pública. Aclaró que no tiene conocimientos de que supuestamente hubo un agregado al proyecto original que había sido presentado.
Kennedy señaló que si eso se comprueba “sería una maniobra legislativa perversa si es que ocurrió durante las plenarias y si los senadores no se dieron cuenta es cuestión de preguntarles”.
Estatal no tendrá control de la DNCP en compras
Según el texto del proyecto de ley sancionado por Diputados, si bien establece que Petropar debe informar en su página web sobre la estructura de costos de los combustibles y publicar los contratos de compras, también deja sin efecto el control que debe ejercer la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La ley, en su artículo 1°, exceptúa la aplicación de la Ley 2051, la Ley 6355/19, que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, como también de los artículos 13° y 21° de la Ley 5033/13, “que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias”.
También exceptúa a Petropar de las obligaciones y sanciones previstas en la Ley 6355/2019, respecto a los proveedores que contraten con ella.