Solicitaron al Senado que dicho capítulo sea testado en su totalidad y remitirse todo a la Constitución Nacional y al Código Laboral, advirtiendo que, de otra manera, al igual que la Ley 1.626 será atacado de inconstitucionalidad.
Aseguran que los articulados de dicho capítulo cercenan derechos básicos colectivos de los trabajadores del Estado, garantizados por la Carta Magna, Convenios Internacionales con la OIT y el Pacto de San José de Costa Rica.
Subrayan que igual criterio debería regir en el ámbito público que privado, por lo que no deberían existir diferencias al respecto.
