Por otro lado, también se deberá contradecir al Departamento del Tesoro, que fue el que aplicó las sanciones a Cartes y sus empresas, como Tabesa, mediante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), por lo que si se levantan las medidas impuestas, se dejarían sin efecto las pruebas, es decir, las investigaciones serían desestimadas.
El cartismo depositó sus esperanzas en la buena relación con la administración de Donald Trump, no obstante, la reglamentación de las sanciones se encuentran en la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 que fue firmada por este mismo mandatario en su primer gobierno, entre 2017 y 2018.
La decisión política que el Gobierno de Santiago Peña espera que adopte Trump y que llevó a los legisladores a anunciar que harán lobby entre parlamentarios americanos para que se reviertan las sanciones, significaría que el presidente de los Estados Unidos desacredite a la OFAC, es decir, negar acusaciones como financiación al terrorismo, soborno a legisladores, obstrucción a investigaciones sobre crimen organizado, entre otras.
Primera declaración. Cartes fue declarado significativamente corrupto por el Departamento de Estado el 22 de julio del 2022. Las dos acusaciones fueron obstrucción a una investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político, y participación documentada con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos.
Segunda declaración. El 26 de enero del 2023, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, impone sanciones a Cartes y a sus empresas, junto con el entonces vicepresidente Hugo Velázquez. Las acusaciones fueron actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente; inversiones financieras e incentivos para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de 10 años, para permitirle postularse como candidato presidencial, con pagos de hasta USD 10.000; pago en efectivo mientras era presidente a funcionarios a cambio de su lealtad; sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales, de entre USD 5.000 y USD 50.000; promesa de pago de un millón de dólares de su propio patrimonio en 2017 para comprar los votos de los legisladores para apoyar la reforma constitucional para la reelección; soborno a legisladores de hasta USD 50.000 mensuales después de dejar el cargo para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores.
Tercera declaración. El 31 de marzo de 2023, la OFAC sancionó a Tabacalera del Este SA (Tabesa) por estar vinculada a Cartes. La empresa presentó documentos para limpiarse y demostrar su desvinculación del ex presidente, pero el 6 de agosto del 2024, se reafirmaron las sanciones porque brindaba apoyo financiero al acusado.
Obstrucción. EEUU le acusó de obstrucción a una investigación internacional del crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento.
Terrorismo. Participación documentada con organizaciones terroristas (Hezbolá) y otras entidades designadas.
Corrupción. Actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente.
Incentivos. Inversiones financieras para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de 10 años, para permitirle postularse como candidato presidencial, con pagos de hasta USD 10.000.
Soborno. Pago en efectivo mientras era presidente a funcionarios, y sobornos mensuales en efectivo a legisladores de entre USD 5.000 y USD 50.000.
Compra. Pago por votos a legisladores para la enmienda, de USD 1 millón, para su reelección.
