Desde que miles de personas empezaron a salir a las calles el pasado viernes, luego de que pacientes de internados graves por Covid-19, médicos y trabajadores de salud denunciaran la falta de medicamentos esenciales para tratar a quienes resultaban víctimas de la pandemia, el presidente Mario Abdo Benítez se llamó a silencio por un largo tiempo, hasta que el mismo viernes se comunicó que el ministro de salud, Julio Mazzoleni, renunciaba a su cargo, en un evidente intento por descomprimir la protesta ciudadana.
La medida gubernamental, lejos de aquietar las aguas, solo enfervorizó aún más la primera marcha, que, tras iniciarse con un comportamiento ejemplar de la mayoría, acabó en una violenta represión policial, enfrentamientos y saqueos, debido al desborde de un pequeño grupo de vándalos, a los que se acusa de ser jóvenes barrabravas presuntamente infiltrados para ocasionar incidentes.
Ante el agravamiento de la crisis, tras prometer que comparecería ante la prensa, finalmente el jefe de Estado difundió un mensaje grabado, en el que aseguró que escuchaba los reclamos de la ciudadanía que exige cambios en el Gobierno, y que él estaba dispuesto a hacerlos, anunciando que iba a sustituir a los cuestionados ministros de Salud, Educación, Mujer y jefatura de Gabinete, prometiendo que estudiaría realizar más remociones.
Sin embargo, desde el anuncio hasta la concreción de los primeros cambios pasaron dos días, sin satisfacer las expectativas de los manifestantes, que siguieron y siguen ganando las calles, cada vez con más indignación.
La excesiva lentitud del presidente en efectivizar los cambios prometidos, solo exacerba aún más a la ciudadanía. Evidentemente, el presidente de la República pretende ganar tiempo y enfriar la crisis, que ya lleva varios días y con pedido de juicio político en marcha. El fin de semana se dijo que todos los ministros pusieron su cargo a disposición y que habrá cambios de manera gradual, pero las novedades tardan mucho en producirse. La mayoría de los más cuestionados del Gabinete siguen en sus cargos, mientras las movilizaciones siguen cortando calles y rutas, acaparando las noticias y obligando a que queden de lado otras cuestiones urgentes.
En el trasfondo, se negocian votos y alianzas en las bancadas del Congreso y en los grupos políticos, principalmente en los dos principales movimientos del Partido Colorado, priorizando una vez más los intereses sectoriales por encima de lo que más conviene al sistema democrático.
La duración del conflicto afecta a la marcha cotidiana del país, a la productividad económica y agrava aún más los riesgos de exposición de la gente ante la pandemia del coronavirus. Se necesita que el Poder Ejecutivo dé señales claras y contundentes, de si se va a rectificar el rumbo o no. De lo contrario, la incierta situación se seguirá prolongando, para perjuicio de todos.