“Las estadísticas nos dicen que se importaron armas en los últimos dos años por USD 13 millones, pero esa plata no se giró desde Paraguay.
Los que tienen negocios legales de armas son obligados por el sistema bancario, que no reconoce ese negocio o lo califica de riesgoso, entonces tienen que cambiar el dinero e ir a pagar en efectivo al extranjero”, señaló Leite.
Subrayó que, tras el pago, las armas ingresan al territorio paraguayo y son despachadas por la Aduana y la DNIT reconoce que no se hicieron los pagos desde Paraguay.
“El gerente de la DNIT también se sorprendió... La importación debe estar respaldada por un giro, un pago con código SWIFT desde Paraguay, por la compra de lo que sea. Estas importaciones pasaron por nuestra aduana sin que haya habido giro... Los importadores declaran que lo hacen”, dijo.
Problema. La comisión legislativa, con dudoso cuórum, ya que solamente tres de los seis integrantes estuvieron en sala de principio a fin, recibieron a los representantes de las empresas importadoras de armas, así como a representantes de otros entes estatales.
Leite sostuvo que la conclusión que sacaron de dichas exposiciones es que existe un grave problema con el tema de importación de armas, ya que la demanda es real y el negocio legal, pero el sistema favorece al contrabando y a manejos ilícitos.
“Los bancos no quieren girar el dinero al extranjero, y alegan que los corresponsales extranjeros no quieren recibir dinero por importación de armas, pero sí reciben la plata cuando ellos le venden a alguien en Paraguay”, dijo el senador.
Sostuvo que no se puede cercenar a los paraguayos el derecho a tener armas de fuego, y que si se va a importar armas, se debe hacer por el sistema financiero.
“La gente de la Superintendencia (de bancos) me decía en off que tal vez hasta la Cancillería debería estar involucrada para que los corresponsales de EEUU y Europa entiendan que en Paraguay hay eso, porque si no vamos a seguir con un negocio gris, porque el negocio hoy es gris.
Por otro lado, la CBI también indagó a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, sobre la denuncia contra el juez que llamó a remate una propiedad vinculada al supuesto narco Cabeza Branca y el banco Atlas, a lo que la misma respondió que el proceso se archivó porque el magistrado anuló el remate.
Empresas. El representante de la asociación de empresas importadoras de armas, Diego Kemper, fue uno de los convocados por la comisión, y ante los medios, cuestionó la suspensión de importación de armas que ordenó el gobierno actual, y manifestó que las trabas de todo el sistema solamente alimentan al tráfico ilícito de armas.
“Somos los más afectados con el cierre de la importación legal de armas de fuego y municiones que nos afecta a nivel país, porque con esto solamente están impidiendo que las personas de bien tengamos armas para nuestra defensa, mientras el tráfico ilegal sigue afuera y llega al crimen organizado”, dijo.
