Varios legisladores expresaron ayer su opinión en torno a la objeción del Poder Ejecutivo a la ley que reglamenta la pérdida de investidura.
Los opositores se manifestaron directamente a favor de la postura del mandatario Mario Abdo Benítez, quien vetó la ley. En cambio, tanto el presidente del Congreso, senador Blas Llano, así como la oficialista diputada Jazmín Narváez respondieron de forma ambigua.
El controvertido documento sancionado la semana pasada por el Congreso modifica y aumenta las mayorías necesarias para expulsar a los congresistas en los casos previstos en el artículo 201 de la Constitución. Hasta ahora los casos de pérdida de investidura se dan por mayoría simple.
El flamante titular del Congreso, Blas Llano, señaló que el veto de Mario Abdo a la ley, es su potestad y evitó dar su postura si se ratificará en lo aprobado por el Congreso, o aceptará el veto.
“Es una facultad del Ejecutivo y el Congreso, en su momento, tanto senadores como diputados van a tener la posibilidad de estudiar y decidir acompañar o no el veto”, señaló y dijo que su posición la dará tras consultar en bancada.
El senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, señaló que la postura del presidente de la República fue acertada, al vetar la ley.
Consideró que el autoblindaje, como se dio en denominar a la maniobra de los parlamentarios que reglamentaron el artículo constitucional para escudarse en sus fueros, para no afrontar procesos de tráficos de influencia entre otras causas previstas, de hecho, es un tema cuestionado por la ciudadanía.
“La ciudadanía desde luego no va a acompañar ni aplaudir que los hechos de impunidad se traten de tapar. Desde el principio hemos dicho que no acompañaríamos un proyecto que brinde más privilegios a quienes deben rendir cuentas por sus actos”, dijo.
En tanto, a la diputada Jazmín Narváez, líder de bancada del Movimiento Colorado Añetete en la Cámara Baja, le da “igual” si acompaña el veto o que el legislativo se ratifique en la reglamentación. Dijo que aún no lo tratan en bancada, pero lo que sí consideró importante, es contar ya con un mecanismo por el que se rijan las respectivas Cámaras a la hora de que sean juzgados sus integrantes.
Más allá del plano retórico, no da igual votar por una postura u otra, puesto que si no se manda al archivo el proyecto, se quebrantaría la Constitución.
La ley de autoblindaje, hace más complicado expulsar a un legislador, porque al momento de la votación, se precisará de la mayoría absoluta de 41 votos en Diputados y 23 votos en el Senado, para destituir de su cargo a un parlamentario.
En cambio, el proceso para destituir por los casos dispuestos en la Constitución Nacional a un parlamentario, tiene menos trabas con el procedimiento con el que ya fueron expulsados varios legisladores, que se rige directamente por el artículo 201 de la Carta Magna, que no establece una mayoría calificada por la cual se debe aplicar la mayoría simple, como establece el artículo 185.
Por su parte, el senador Salyn Buzarquis remarcó que su voto va ser por aceptar la postura del Ejecutivo, porque es lo que manda la Constitución. “Está bien y me parece bien, porque la Constitución es clara y mantenemos la misma postura”, manifestó.
“Nosotros por lo menos vamos a respetar lo que dice la Constitución Nacional”, dijo.
EXPULSADOS. En lo que va del período 2018-2023, cinco legisladores perdieron su banca por casos de corrupción. Perdieron la investidura: Óscar González Daher, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla Guirland, mientras que José María Ibáñez y Jorge Oviedo Matto se vieron forzados a renunciar por presión de la ciudadanía.