Decía hace un par de años una columna publicada por El Periódico de Catalunya, y escrita por un profesor de ciencias políticas, que hay debates que desaparecen con el tiempo y que vuelven a estar en la agenda pública cuando el contexto lo reclama. Uno de estos es, prosigue el diario español, el debate entre ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda clase.
Bajando esto a tierra paraguaya, por un lado, tenemos a los privilegiados diputados. Según se supo durante el avance en el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022 en el Congreso, cada legislador que conforma la Cámara Baja tendrá G. 3,5 millones de forma mensual para gastar en combustible.
Si de por sí ya es una ofensa al ciudadano que vive con los cinturones bastante ajustados que un legislador con un sueldo de casi G. 33 millones tenga vales de combustible financiados con dinero público, según reconocieron los propios diputados, apenas un tercio de los mismos acude a las sesiones de forma presencial, el resto lo hace de forma virtual.
Todo esto, en medio de unas finanzas públicas muy comprometidas por los elevados niveles de déficit y endeudamiento asumidos para enfrentar la pandemia. A modo de ejemplo, por un lado, los diputados tendrán G. 3,5 millones cada mes, mientras que para las patrulleras de la Policía Nacional no hay disponibilidad y tendrán solo G. 1,5 millones (G. 50.000 por día). Una ironía, ¿verdad?
A esto se suma la autoexclusión que aprobaron en el denominado articulado del PGN 2022. Mediante esta maniobra, los parlamentarios se excluyeron de cumplir las leyes de la Función Pública y de Racionalización del Gasto.
Esto quiere decir básicamente que, para contratar operadores, nombrarlos o reajustarles los salarios, el Congreso no necesita llamar a concurso público ni tener la venia del Tesoro Nacional. Pero, además, los parlamentarios podrán contratar a sus parientes y llenarse de “asesores”, justamente en un 2022 en el que se vienen las elecciones internas partidarias para presidente y cargos legislativos.
Por el otro lado, están los ciudadanos comunes, quienes tuvieron que soportar solo este año cuatro aumentos en el precio del crudo y deben recurrir a todo tipo de artimañas para llegar a fin de mes. Los mismos que en cada compra que realizan tienen que pagar un 10% más en concepto de IVA para que el Fisco pueda costear el combustible de los diputados. Un círculo vicioso que debilita, agota y va ampliando el malhumor social hacia techos históricos.
Pero este debate no debiera ser solamente económico, debiera ser un debate social y hasta moral. ¿Qué resultados ofrecen los diputados a la ciudadanía? ¿Recuerda la gente alguna ley o acción impulsada desde el Congreso que reditúe en una mejor calidad de vida?
Salvo honrosas excepciones, los diputados no hacen otra cosa que llenarse los bolsillos cada fin de mes con sus abultados salarios y bonificaciones, traficar influencias y maniobrar para acrecentar el aparato público, en total contramano de las necesidades ordinarias, los monstruosos déficits estructurales y el rezago cada vez más evidente que registra nuestro país.
Lastimosamente, a estas líneas se aplica la famosa frase “llueve sobre mojado”. El Presupuesto Público para el próximo año ya está en segunda vuelta en el Legislativo y en esta fase solo se discuten los temas o números en donde no hubo acuerdo entre ambas cámaras. El freno a este derroche podría darse con un veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley en cuestión, pero aparentemente eso tampoco está en la agenda del Equipo Económico Nacional ni en la del presidente Mario Abdo Benítez.
En el 2022, y seguramente por muchos años más, seguirán habiendo legisladores de primera clase y ciudadanos de segunda.
