Editorial

Legisladores deben ayudar a que el caso Rivas no quede impune

En los próximos días llegará a la Cámara de Diputados la notificación judicial para que el diputado colorado por Paraguarí Tomás Éver Rivas sea desaforado, a fin de responder sobre las imputaciones por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, entre otros delitos, en un caso muy similar al del ex diputado José María Ibáñez y los caseros de oro. Es de esperar que los legisladores dejen de practicar la defensa corporativa de sus colegas acusados de corrupción y procedan a retirarle la investidura para que se someta ante la Justicia, respondiendo de este modo al clamor cada vez más extendido en la ciudadanía a favor de la transparencia y en contra de la impunidad.

Finalmente, se ha anunciado que en los próximos días llegará a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del diputado colorado por Paraguarí Tomas Éver Rivas, para que el mismo pueda responder ante la Justicia por los delitos de los que se lo acusa. Con chicanas, el legislador había logrado evitar su desafuero, hasta que tras casi nueve meses de paralización del caso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo destrabó y comunicó que correspondía solicitar la pérdida de investidura.

El caso del diputado Rivas fue revelado mediante una investigación realizada por periodistas de este diario, quienes en febrero de 2017 sacaron a luz que el mismo mantenía a tres personas trabajando para su beneficio particular, aunque figuraban y cobraban salarios como empleados de la Cámara de Diputados, sin acudir a la institución. Uno de ellos prestaba servicio en un comercio familiar de Rivas en Ybycuí, otro era casero en una residencia ubicada en Lambaré y otro estaba en su quinta rural, en el Departamento de Paraguarí.

Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González son las tres personas que prestaban servicios privados para el diputado, aunque sus salarios eran pagados por el Estado. Por esta razón acabaron imputados, al igual que el legislador, por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, pero las conexiones políticas con referentes del Poder Judicial así como la defensa corporativa de una gran mayoría de sus colegas legisladores lo habían salvado, hasta el momento, de perder el cargo y de ir a la cárcel.

El caso de Rivas es prácticamente calcado al del ex senador colorado José Maria Ibáñez, quien también en 2003 fue descubierto por publicaciones periodísticas empleando a caseros en su quinta particular en la ciudad de Areguá, pero haciendo figurar a los mismos como empleados de la Cámara Baja, con salarios pagados por el Estado, de los que incluso Ibáñez se quedaba con un porcentaje. Tras varios años de chicanas, en que fue favorecido con la protección de sus colegas y de sectores del mismo Poder Judicial, finalmente ante las movilizaciones ciudadanas y las constantes publicaciones en la prensa, Ibáñez admitió su culpa y se benefició con medidas alternativas, pero tuvo que renunciar a su banca de senador en agosto de 2018, ante la fuerte presión social.

Hoy los diputados ya no tienen excusas para seguir protegiendo al diputado Rivas, como a otros legisladores igualmente acusados de corrupción, como el senador Víctor Bogado, recientemente condenado a una pena muy leve por la doble contratación como funcionaria pública de una mujer que prestaba servicios en su domicilio como la niñera de sus hijos, o a Carlos Portillo, Teófilo Espínola, Enrique Salyn Buzarquis, Enzo Cardozo y Milciades Duré, que forman parte de una lista aún más larga de diputados y senadores que se exponen a ser echados del Congreso al ser investigados por el Ministerio Público por diversos delitos. Es hora de que también el Poder Legislativo sea debidamente saneado.

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