Edwin Álvarez Toro - EFE
Esa nación puso en marcha en julio pasado la venta de marihuana de uso recreativo en farmacias, a un precio de unos 6 dólares el paquete, con lo que completó la regulación de la ley aprobada en diciembre de 2013 bajo el Gobierno de José Mujica (2010-2015).
Con esta iniciativa, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en controlar la marihuana desde su siembra hasta su venta al público, con tres vías de acceso a la sustancia excluyentes entre sí: cultivo doméstico, clubes de cultivadores y compra en farmacias.
Según datos oficiales, al 10 de diciembre había 17.536 inscritos como compradores, 7.700 autocultivadores y 71 clubes de membresía.
A esto se sumó en octubre la habilitación gubernamental de la venta también en farmacias de productos elaborados a base de cannabis para uso medicinal.
Un camino, como era de esperarse, no exento de trabas y controversias, desde las pocas farmacias que se unieron al plan (12 en solo 8 de los 19 departamentos del país) y que a mediados de agosto entre el 50% y el 70% de los uruguayos se mostraban contrarios a esta normativa.
Pese a esto, es “muy positivo el movimiento hacia reformas de las políticas represivas sobre drogas en América Latina. (...) Esas políticas no han permitido reducir el tamaño del mercado ilícito”, dijo desde Londres a Efe Marie Nougier, jefe de Investigación y Comunicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, en inglés).
Esas reformas las han seguido otros países como Paraguay, el mayor productor ilegal de marihuana de Suramérica, donde el pasado 5 de diciembre el Senado aprobó una ley para reglamentar la producción y uso del cannabis y sus derivados para la investigación médica y científica, que ahora tendrá que ser rubricada por el Ejecutivo.
Tres semanas antes, Perú promulgó una normativa que regula el uso medicinal y terapéutico de la marihuana y sus derivados, como el aceite de cannabis, para aliviar los síntomas de enfermedades como el cáncer, la epilepsia y el párkinson. El Gobierno cuenta desde entonces con 60 días para elaborar su reglamento.
Aunque estos son los pasos más recientes, los avances vienen desde comienzos de 2017, con el registro en enero por primera vez en Brasil de un medicamento a base de cannabis que sirve para tratar la “rigidez excesiva de los músculos en pacientes con esclerosis múltiple”.
En abril, el Gobierno colombiano reglamentó el uso médico y científico de la marihuana a través de un decreto que permite emplear la semilla de la planta de cannabis para procesos científicos.
Chile, que según una encuesta de este año de la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Londres es la nación latinoamericana que más consume marihuana, se convirtió en mayo en el primer país de la región en vender en farmacias medicamentos a base de cannabinoides.
Este país cuenta con una ley que ampara el cultivo de la planta para “su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo” y desde diciembre de 2015 dispone de una legislación que autoriza la elaboración y venta de medicamentos derivados de la marihuana, aunque su costo es muy alto
En México, a mitad de año se publicó el decreto que legalizó la marihuana para uso terapéutico en todo el país, aunque todavía está pendiente su reglamentación.
Sobre el tema regulatorio, “las decisiones políticas deben estar fundamentadas en evidencia científica consistente, en aras de identificar cuáles derivados canábicos son útiles, en qué dosis y modos de administración, y para cuáles problemas específicamente”, afirmó a Efe Luis Alfonzo, asesor regional sobre Uso de Sustancias Psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Pensando en esto, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó en julio la ley que regula el uso medicinal del cannabis, algo que consideró que atiende un asunto de salud pública “mientras que mantiene todas las salvaguardas para proteger a la ciudadanía en general”.
Argentina reglamentó en septiembre la ley que permite el uso medicinal de la marihuana, una medida que garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de cannabis.
En Panamá, el debate se acrecentó desde que en julio se presentó una iniciativa legislativa para legalizar el consumo de marihuana líquida con fines medicinales, tras lo que el Gobierno pidió en noviembre no confundirlo con el consumo recreativo.
