Cristina Sánchez - EFE
“En Latinoamérica, todavía, por cuestiones culturales, se considera que las mujeres no tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, hay mucha desigualdad todavía en cuanto a los derechos y prevención de la violencia”, dijo a Efe Angélica García, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam).
La gerente de programas sociales de dicha organización explicó que uno de los principales frenos que evitan que se avance en este tema es la normalización de la violencia y el abuso del poder sobre las mujeres.
“Es un problema cultural en la región y esto se ha evidenciado, por ejemplo, con campañas como #MeToo. La violencia contra la mujer la miramos como algo normal y que se vea así hace más difícil su prevención”, afirmó.
Para que las mujeres puedan tomar decisiones de manera autónoma, se requiere de un trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad, agregó.
“Para que cada niña y mujer decida sobre su cuerpo, su vida y su futuro no es suficiente reconocer que tenemos ese derecho, se requiere generar las condiciones para ejercerlo”, aseveró.
Por su parte, Ricardo Baruch, miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés), destacó que aunque en México el Gobierno ha lanzado iniciativas para prevenir el embarazo adolescente, no hay condiciones para que estas se cumplan.
“Actualmente existe la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), pero no hay un presupuesto real y, por lo tanto, no ha habido escalamiento de actividades”, señaló.
Dijo que falta el trabajo conjunto de instituciones del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil desde diferentes sectores para poder combatir esta problemática.
La educación integral en sexualidad es una de las herramientas a impulsar, pues propone procesos de pensamiento críticos encaminados al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, señaló García.
“Se trata de crear espacios que permitan a las niñas y a las mujeres reflexionar sobre las normas sociales que obstaculizan que tomen decisiones respecto a su sexualidad y su salud”, añadió.
Baruch indicó que se calcula que en México 80.000 menores de 18 años son obligadas cada año a casarse con hombres mayores por cuestiones económicas.
“Es un problema cultural particularmente en muchas poblaciones indígenas, es una forma moderna de esclavitud y por eso es importante que la información y los servicios respecto a los derechos humanos” lleguen a todos, resaltó el especialista.
Por ejemplo, comentó, en estados como Tlaxcala y Puebla la explotación sexual es un problema que afecta a las mujeres y los Gobiernos poco se han interesado en resolverlo.
“Los avances han sido muy escasos, particularmente en el último sexenio. Las autoridades no hacen nada y, por el contrario, están coludidas con las mafias. Por eso trabajamos para que estos temas relacionados a las decisiones de las mujeres, en todas las áreas de su vida, sean visibilizadas”, concluyó Baruch.
