“Insistiremos en seguir trabajando para poner fin a la impunidad de los abusos y la arbitrariedad, la gran corrupción y las irregularidades, la denegación y la privación de derechos para todas las personas”, dice un comunicado firmado por varias oenegés y difundido por Provea en su página web.
Asimismo, las organizaciones se comprometieron a luchar para “erradicar la discriminación y la violencia de cualquier tipo, no aceptar la normalización de las violaciones de derechos humanos, terminar con las prácticas de censura, control social, coerción, simulación o acallamiento, y enaltecer la denuncia como deber”.
“Seguiremos apoyando a los millones de víctimas que sufren las inclemencias de la emergencia humanitaria compleja, por la privación múltiple y masiva de derechos —en zonas urbanas y rurales—, con afectaciones diferenciadas para mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores”, entre otras, señala el escrito.
Las oenegés aseguraron que defenderán unas elecciones presidenciales libres, previstas para 2024, como una “solución del conflicto político que abra paso a la democracia” en el país, si bien remarcaron que para ello es necesario garantizar el voto en el extranjero, toda vez que haya más de siete millones de venezolanos en otras naciones, según estimaciones.
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En este sentido, las organizaciones pidieron también “el cese de la censura, la restitución de los medios de comunicación independientes que han sido arbitrariamente cerrados y la prohibición y el rechazo de todo tipo de discriminación, especialmente por razones políticas”.
“La sociedad venezolana sabrá encontrar las soluciones pacíficas y constitucionales para reconquistar la democracia, el estado de derecho, la igualdad de derechos, la justicia y la superación económica para salir de las circunstancias de necesidad, opresión e injusticia en las que vive”, añade el comunicado.
El pasado setiembre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó a la inteligencia civil y militar de ese país de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado “desde el más alto nivel”.
