Lida Duarte | lduarte@uhora.com.py | @lidaduarte
En los primeros 100 días de su Gobierno, Cartes logró persuadir a los parlamentarios para la aprobación de proyectos económicos como la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro), y la APP, la campaña de estas dos últimas leyes inició en el periodo anterior sin éxito.
Para el economista Amílcar Ferreira en estos tres meses de Gobierno se ha trabajado para crear las condiciones que un futuro puedan contribuir al desarrollo económico. Las decisiones más acertadas, además del fomento de estas leyes fueron la designación de un gabinete técnico, y los viajes al exterior para hacer conocer el país, renovar su imagen y atraer inversiones, dijo el experto a ÚLTIMAHORA.COM.
Pero aclaró que aún no se pueden visualizar los resultados y cuestionó algunas actitudes del Ejecutivo que no facilitan a que los inversionistas tengan una seguridad jurídica para operar en Paraguay.
Su principal crítica parte en que el Gobierno insiste en administrar el Estado como una empresa “Hay una cierta tendencia a equiparar el manejo del sector privado con el manejo del sector público”, señaló.
Explicó que por las formalidades que implica trabajar en el sector público, donde la transparencia y participación son puntos clave, no es posible equipararlo con un ente privado.
Promesas y debilidades de la Alianza Público Privada (ver la ley aquí)
La Ley de promoción de la inversión en infraestructura pública que fue ampliada a bienes y servicios a cargo del Estado, fue sancionada a fines de octubre y promulgada por el Ejecutivo el 4 de noviembre.
El presidente Horacio Cartes realizó una ardua campaña para la aprobación de esta ley en el Congreso, donde finalmente fue aprobada, a pesar de varios cuestionamientos debido a que la disposición faculta al Ejecutivo celebrar contratos con inversionistas sin anuencia del Poder Legislativo.
El objetivo del Ejecutivo con esta ley es la construcción de obras como hidrovías, aeropuertos, líneas ferroviarias que el Estado no está en condiciones de costear, al menos a corto plazo.
Sin embargo la APP es cuestionada por varios sectores sociales que sostienen que con esta ley se privatizarán los bienes del Estado.
El gremio docente y alumnos rechazan esta alianza que en su artículo 52 incluye la infraestructura en centros educativos, con esta disposición temen que el sistema desencadene en un conflicto similar al de Chile, donde los estudiantes recurren a grandes préstamos para acceder a una educación de calidad.
En tanto que sindicalistas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), alegan que se privatizará el sistema energético del país, ya que las empresas tendrán participación en la generación, transmisión y comercialización de energía.
La APP que fue presentada primeramente durante el Gobierno de Federico Franco, sufrió modificaciones, con una ampliación de contratos para producción de bienes y prestación de servicios. Incluye la producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, combustibles y lubricantes, servicios de telecomunicaciones.
Podrán formar parte de este tipo de alianza proyectos con contratos de hasta 30 años, con inversiones superiores a 12.500 salarios mínimos mensuales (unos USD 5 millones).
La APP no garantiza seguridad jurídica
A pesar de los buenos augurios que implicaría la vigencia de esta ley, algunos puntos son rechazados no solo por sectores sociales sino por economistas. Ferreira indicó que hubiera sudo mejor la implementación de un esquema donde los contratos deban ser aprobados caso por caso por el Parlamento, ya que tal y como fue aprobada podría ser sometida a críticas por parte de futuros gobiernos de otras corrientes políticas, lo que a su vez arriesgaría la seguridad jurídica para los inversionistas.
Responsabilidad fiscal en el presupuesto (ver la ley aquí)
Como cita en su artículo primero, la ley Nº 5098 pretende establecer reglas de comportamiento fiscal para mantener la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para el economista esta ley significa que se están creando las garantías para llegar a un equilibrio fiscal, lo que a su vez es un mensaje positivo para los inversores extranjeros.
Su principal aporte es establecer un límite en el déficit del Presupuesto General de la Nación en un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), también dispone que la tasa de inflación interanual no podrá superar el 4%. Sin embargo el Parlamento podrá modificar la estimación de ingresos públicos establecida por el Ejecutivo.
En su artículo 9, prohíbe que en años de elecciones el gasto corriente exceda el 60% del presupuesto entre los meses de enero y julio, excluyendo al Poder Judicial.
Solo en casos de emergencia por crisis que puedan afectar a la economía nacional se suspenderá el artículo 7, referente al límite del déficit y la inflación, además del punto 9.
El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no se ajusta a esta ley, ya que con los G. 59,127 millones (USD 13.227 millones), aprobados, se estima un déficit de al menos 2,4%, superior al 1,5% que establece la responsabilidad fiscal.
Pero esta ley aún no fue reglamentada y se espera que su implementación sea de manera gradual.
Impuesto Agropecuario (ver la ley aquí)
Antes de la promulgación de la APP, el Ejecutivo refrendó la Ley Nº 5061 del Impuesto Agropecuario (Iragro). Se trata de un tributo que pagarán los productores sobre sus ganancias en una tasa fijada hasta en un 10%. Mediante esta ley también se generaliza el IVA a productos agrícolas en estado natural y animales vivos.
El proyecto fue presentado por el anterior ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, y fue nuevamente impulsado por el actual Gobierno, que logró su aprobación en el Congreso.
Esta ley promete al fisco 120.000 nuevos contribuyentes una recaudación de USD 250 millones junto con la generalización del IVA.
La tasa fijada del tributo es del 10%. Los productores con ganancias menores a 36 salarios mínimos quedan exentos.
En cuanto al IVA la tasa asciende al 5%, mientras que el Poder Ejecutivo queda autorizado a incrementar y fijar tasas diferenciales entre el 5% y el 10% para todos los productos, bienes y servicios alcanzados por este tributo.
El mandatario apunta ahora a la ley de seguridad de inversiones, una norma que garantice que las reglas de juego no cambiarán para los empresarios en el tiempo que duren los contratos. El objetivo es proteger y brindar seguridad jurídica a los futuros inversores.
