Las intensas lluvias en sus tramos alto y medio han desbordado al Paraguay en todo su recorrido, pero el mayor daño ha sido en Asunción, donde han sacado de sus viviendas a 58.300 personas, según los últimos datos disponibles.
Se trata mayoritariamente de inmigrantes del campo, o de sus descendientes, que llegaron a la capital en busca de una vida mejor y se asentaron en los lugares vacíos en las riberas.
“La gente pensó que esto no podía pasar y fue avanzando hacia terrenos que eran del río”, dijo a Efe Aldo Zaldívar, jefe de operaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El Paraguay pasó por un ciclo de estiaje desde la última gran crecida, en 1999, que a su vez sucedió a otra en 1976, por lo que los episodios de enorme subida de las aguas parecen ser periódicos.
Las autoridades lo saben y de hecho cuentan con un proyecto para la construcción de defensas costeras desde hace dos décadas, según Julio Samaniego, el director ejecutivo de las iniciativas de revitalización del centro histórico de Asunción.
“Espero que esto sea un motivo de reacción, pero no con parches, sino con una política para dar una solución definitiva”, dijo a Efe.
Del proyecto original solo se ha construido una parte de la avenida Costanera, en el lado de la bahía, que está elevada y funciona como una barrera para el alza del río.
En su lado interior, sin embargo, el barrio pobre de La Chacarita está inundado. Algunos cientos de sus residentes han subido la ladera y han montado viviendas precarias con maderas al lado del Congreso.
El proyecto contempla la construcción de una avenida de 18,7 kilómetros como la Costanera en los dos barrios conocidos como los “bañados”, que están anegados, explicó Samaniego, que también es asesor legal de la Alcaldía.
El espacio, de terreno bajo, entre esa barrera y los barrios más altos de la ciudad recibiría relleno para un desarrollo inmobiliario que interesa al sector privado, por su cercanía con el centro de la ciudad.
Allí se podrían reubicar a sus residentes actuales y a nuevos habitantes más pudientes, según el plan.
Samaniego dijo no contar con un valor total del proyecto, pero como referencia citó que los 3,8 kilómetros de la Costanera supusieron un gasto de 25 millones de dólares.
Enfatizó que cada vez que hay una crecida normal, no como la de este año, el gasto público suma entre 2 y 3 millones de dólares, sin contar con el impacto por la interrupción del trabajo y la escuela, y las pérdidas de las personas afectadas.
Por ello, destacó que buscar una solución definitiva “es una buena inversión”.
Sin embargo, en otras ocasiones lo que ha ocurrido es que cuando el agua baja, la gente se vuelve a instalar en el mismo lugar donde estaba.
Ha habido algún proyecto de traslado de residentes de zonas de especial riesgo, pero la experiencia no ha sido buena, según Zaldívar.
“Si retiramos una cantidad de familias, otras van a ocupar su lugar”, alertó. Zaldívar pidió que primero se adopte “un ordenamiento territorial” que incluya ordenanzas y leyes sobre el uso del terreno, señaló.
Por ahora, los damnificados están instalados en cuarteles y también en plazas y calles que simplemente han ocupado, pero donde carecen de energía y agua potable.
Las autoridades prevén que la situación dure hasta dos meses, dependiendo de las condiciones meteorológicas, porque se han registrado nuevas lluvias y porque el flujo del Paraguay está lento debido a que el Paraná, en el que desemboca, también lleva mucho caudal.
Otra cuestión es el porqué del éxodo del campo a la ciudad en Paraguay, un país que vive del sector agropecuario, aunque basado en el latifundio, que usa poca mano de obra.
La Organización de las ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha resaltado la falta de apoyo a los pequeños productores, que necesitan programas de crédito, coberturas de riesgo y ayuda especializada, así como la extensión de las redes de salud y educación.
Al final, las inundaciones son mucho más que un problema de agua.
