Las cajas jubilatorias activaron las alarmas de previsión ante lo que podría ser un efecto dominó, a partir de la situación presentada en el Instituto de Previsión Social (IPS), con la destitución de Pedro Halley como gerente de prestaciones económicas.
Particularmente, la Caja Bancaria de Jubilados y Pensionados Bancarios (CJPEBA) convoca para este martes 29, a partir de las 16:00, a una reunión a sus directivos, en su sede de Humaitá entre Chile y Alberdi.
El objetivo es analizar la necesidad de “diseñar un plan de acción ante la amenaza que se cierne sobre los entes previsionales, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el cobro de haberes jubilatorios por encima del tope de lo establecido en la ley, que beneficiaría a unos 136 marinos mercantes afiliados al Instituto de Previsión Social”, según reza en el comunicado al respecto.
EVENTUAL RIESGO. Según la Caja Bancaria, la medida judicial podría afectar en un futuro cercano a todas las demás cajas previsionales, porque rompe el sistema jubilatorio que existe en estas entidades, cual es la de reparto solidario. “El fallo, de ejecutarse, forzará a ingresar al sistema de capitalización individual, que tal como lo conocemos en otros países donde fue aplicado, trajo nefastas consecuencias”, expresó José Caballero, presidente de la Caja Bancaria y anfitrión del evento.
Por su parte, José Colucci, presidente del Centro de Jubilados Bancarios, entidad organizadora del encuentro junto a la Caja Bancaria, detalló cuáles son los entes invitados a la reunión: Caja Bancaria, Municipal, Fiscal, Instituto de Previsión Social, Cajubi, ANDE, Cajas del Poder Legislativo y Ferroviaria.
Cabe destacar que en las últimas jornadas, esta controversia acerca del sistema jubilatorio ha sido muy debatido y cuestionado, costando incluso el cargo a Pedro Halley, alto funcionario del IPS, quien fue desvinculado de la entidad el pasado viernes.
A modo de contexto, se puede mencionar que Halley había indicado que la decisión de apartarlo del cargo se habría tomado la semana pasada, luego de que difundiera el caso del fallo de la Corte Suprema a favor de los 129 marinos mercantes que exigen sumas exorbitantes como pago jubilatorio, a pesar de que el estatuto de la previsional estipula que ningún aportante puede cobrar más de 10 salarios mínimos en concepto de jubilación.
Pero –según denunció el propio Halley– la posibilidad de apartarlo del cargo ya se había planteado el mes pasado tras la denuncia pública realizada por el ahora ex funcionario en contra de 6.000 empresas que obligaban a trabajar a sus empleados, a pesar de estar suspendidos.
“Esta administración no sabe en dónde está parada”, había dicho el ahora ex funcionario ante los medios, muy ofuscado, al criticar la idoneidad de los actuales miembros del Consejo de Administración y del actual presidente del ente.
