EFE.
“Una cosa es cierta, la decisión de la Corte Suprema no invalida los matrimonios que ya se realizaron”, dijo a Efe la directora de eventos y portavoz de la organización LGBT, Utah Pride Center (UPC, en sus siglas en inglés), Megan Risbon.
Sin embargo, después de la decisión del Supremo, la situación legal de estos matrimonios ya concretados no queda clara.
El pasado 20 de diciembre el juez federal Robert J. Shelby dictaminó que una ley de Utah de 2004 infringía los derechos garantizados por la Constitución estadounidense al impedir el casamiento entre personas del mismo sexo.
El Gobierno de Utah apeló el fallo de Shelby ante el Décimo Distrito Judicial Federal y pidió que se paralizasen los matrimonios homosexuales hasta que hubiese un fallo final, pero la corte negó ese pedido tres veces, mientras Shelby también había rechazado un pedido similar.
El caso llegó entonces ante la Corte Suprema federal, donde fue recibido por la jueza Sonia Sotomayor, quien envió el caso a la corte en pleno y aprobó la suspensión de los matrimonios homosexuales en Utah mientras que no hubiera un fallo definitivo sobre el tema.
Risbon aseguró que, mientras los abogados de UPC están analizando el caso, continuará trabajando con las mismas organizaciones con las que ya trabajó durante 2013 para lograr una “igualdad matrimonial” que elimine “el actual sistema de discriminación” y sus consecuencias, como las tensiones emocionales y las presiones sociales que experimentan las familias LGBT.
Por su parte, el fiscal general de Utah, Sean Reyes, afirmó en una rueda de prensa que la decisión del Supremo no terminó con la “incertidumbre” que reina sobre las leyes matrimoniales en este estado.
Reyes dijo que “aún no tenemos respuestas” sobre los matrimonios homosexuales contraídos en Utah entre finales de diciembre pasado y los primeros días de enero.
“No existe un precedente legal claro para esta particular situación”, indicó. Por eso, esas uniones entre personas del mismo sexo quedaron ahora en “un limbo legal”.
Asimismo, Reyes dijo que el Gobierno de Utah comenzará mañana el proceso de contratación de firmas de abogados para representar a Utah ante la corte de apelaciones y la Corte Suprema.
