Alrededor de cinco millones de guaraníes se llevaron dos personas que ingresaron al local del minimercado Willian, en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
El comercio pertenece a la familia de Alberto Medina, cuyo hijo, Anderson, fue víctima de un policía gatillo fácil, en el año 2012.
El comerciante explicó que esta es la cuarta vez que maleantes visitan el lugar y relaciona el hecho con las múltiples denuncias que viene realizando desde que su hijo fue víctima de ese flagelo.
“No le encontramos otra explicación; desde que fue condenado el agresor de mi hijo, sufrimos este tipo de hechos y no nos sentimos protegidos”, contó el hombre, que realizó la denuncia del robo en la Comisaría Primera de Ciudad del Este.
Medina no se encontraba en el lugar en el momento del asalto. Su esposa Alcira Giménez, que atendía el local, y un hijo adolescente fueron los afectados de forma directa, cuando los desconocidos ingresaron al negocio pasadas las 08:30.
Luego de cometer el robo, los asaltantes huyeron a bordo de una motocicleta y hasta el momento no fueron identificados.
El caso ya fue pasado al Ministerio Público, según consta en el informe policial.
Este local ya había sido visitado por asaltantes en otra ocasión, al igual que la bodega que también pertenece a la familia y que es atendida por Anderson, quien sobrevivió al disparo del policía pero quedó con varias secuelas, de acuerdo con la versión de su padre.
EL CASO. Anderson recibió el disparo por la espalda, por parte del suboficial Narciso Cañete, según determinó la Justicia.
El hecho ocurrió el 1 de julio del año 2012, en medio de una persecución, durante un control policial.
Luego de una larga batalla judicial, la entonces fiscala Liliana Zayas probó que el uniformado disparó al joven, por lo que Cañete fue condenado a siete años de prisión. El agente, actualmente, se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía cumpliendo su condena.
Sin embargo, la familia del afectado viene denunciando que reciben amenazas por parte del suboficial condenado. Por este motivo, la abogada Noemí Barreto, quien representa legalmente a Anderson, había solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que garantizar la seguridad del joven.