En un escrito presentado hoy por Ricardo Gil Lavedra, abogado de Michetti, la vicepresidenta solicita al juez Ariel Lijo que la sobresea por inexistencia de delito.
El pasado 12 de agosto, el fiscal Guillermo Marijuan pidió abrir una investigación contra la vicepresidenta por dudas sobre el origen de aproximadamente 50.000 dólares y 245.000 pesos (unos 16.000 dólares) que Michetti denunció que fueron sustraídos de su domicilio en noviembre de 2015, la noche en que el frente Cambiemos al que pertenece venció la segunda vuelta electoral.
“Se me puede investigar hasta el hartazgo y nada raro aparecerá, porque nada hay. Hacer política no es sinónimo de corrupción o enriquecimiento, no somos todos lo mismo, señor juez”, expresó la funcionaria en su escrito, que fue facilitado a Efe.
En el texto, Michetti asegura que es “la primera interesada” en que no quede “margen de duda” de que ha actuado “en todo momento” conforme al derecho y que no ha cometido “delito alguno”, por lo que solicita que se disponga “rápidamente” la realización de toda la prueba que se entienda pertinente y se le solicite toda la información que se considere “necesaria”.
“Para que luego así lo declare expresamente disponiendo mi sobreseimiento”, añade.
Michetti desveló el robo a mediados de junio pasado y aseveró que no dio a conocer el hecho hasta ese momento porque estaba involucrado uno de los miembros de su custodia.
La vicepresidenta precisó que 50.000 dólares eran un préstamo recibido de su novio para el pago de un posgrado que ella quería regalarle a su hijo, que estaba “debidamente documentado” en sus declaraciones juradas.
Por otro lado, especificaba que le robaron 200.000 pesos (unos 13.300 dólares) “declarados”, que pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación SUMA, que ella preside.
“Siete días después tendría lugar la Cena Anual de recaudación de fondos y ese dinero había sido recaudado a tal efecto”, señaló Michetti en Facebook.
Dicha fundación, según su página web, es una organización sin fines de lucro que fomenta una cultura ciudadana de cooperación y trabajo colectivo.
También le fueron robados 45.000 pesos (2.990 dólares) destinados a una reparación en su casa, mientras que “el resto”, una cantidad no detallada, era para “el manejo cotidiano de una casa de familia”.
Tras conocerse el robo, un abogado y dos diputados kirchneristas impulsaron denuncias para que la Justicia investigase el origen de los fondos y si estaban correctamente declarados.
En el texto entregado hoy a Lijo, Michetti reitera estas afirmaciones y da explicaciones referidas a la “legitimidad” del origen del dinero que le fue robado, así como a la “real y legítima actividad” que realiza la Fundación SUMA, y que, “por razones políticas no legales” afirma no querer “que quede sombra alguna sobre su actividad”.
“Téngase en cuenta que el objeto de esta causa no puede ser investigar a SUMA en términos generales y abstractos, sino exclusivamente en la medida que se vincule con el hecho concreto que antes he señalado, la legitimidad o no del origen del dinero que me hurtaron”, subraya.
La titular del Senado reitera que siempre consideró que “todo funcionario” debe responder por sus actos frente a la ciudadanía y, “con mayor razón”, cuando es un juez quien investiga un comportamiento que se considera, por alguna razón, “sospechoso”.
“La actividad política es para mí un acto de servicio hacia los demás. Así la entiendo y la practico, con entusiasmo y mucho amor. Es un privilegio extraordinario ser elegido por el pueblo como su representante para mejorar las condiciones de vida de todos”, reconoce en el escrito.
Michetti insiste en que sigue viviendo en la misma casa del barrio capitalino de Balvanera “desde hace más de veinte años”, que no posee otros bienes que los que ya figuran en sus declaraciones patrimoniales juradas y que tiene un estilo de vida “sumamente austero”, sin “propiedades ocultas, ni cuentas en el extranjero, ni bienes rumbosos”.
