Entre las acciones entabladas, en juicios abiertos por incumplimiento de contrato y otros, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) espera cobrar alrededor de G. 1.000 millones (ver infografía).
La más abultada corresponde al cobro de una póliza de seguro, por un valor de hasta de G. 658 millones que representa el 10% del total de una obra adjudicada, en 2014, y que fue abonada en su totalidad –de manera irregular– antes de que concluya.
Se trata de una licitación que contemplaba cuatro obras de infraestructura en el Rectorado: “la construcción de un depósito y almacén, la ampliación del estacionamiento del Rectorado, un salón auditorio y la perforación de un pozo de agua”, enumera Nelson Echauri, director de Asesoría Jurídica de la UNA.
La primera de las obras –según comenta– no tiene “certificado provisorio ni definitivo”, documento excluyente para el desembolso del pago.
A su vez, el fiscal de obras contratado en su momento por el Rectorado reportó que el trabajo estaba terminado en un 97,3%, en 2016.
“La obra tendría que haber culminado en febrero de 2016. Pero, a esa fecha, la obra ya fue completamente abonada, sin que todavía exista una recepción provisoria o un certificado definitivo de la entrega total de la obra. Ese fue el primer error, se desembolsó todo el dinero”, explica Echauri.
La UNA retomó el juicio que estaba a punto de caducar y espera percibir el monto señalado que “puede variar dependiendo del juez que entienda el juicio”.
Otra partida importante, asciende a al menos G. 155 millones. Forma parte de las devoluciones de diez funcionarios por cobro indebido de honorarios durante la administración del ex rector de la UNA, Froilán Peralta.
Pendiente de resolución está otro caso de la UNA contra Procon SRL, sobre indemnización por daños y perjuicios por irresponsabilidad contractual. El monto es de G. 42 millones, pero con la mora que aumenta con los años puede superar los G. 100.000.000.
El representante legal del Rectorado señala que otro expediente data de la época del rector, Abel Bernal, contra una empresa de insumos químicos para el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (Cemit) sobre incumplimiento de contrato. “Ahora estamos tramitando ese juicio, estamos en periodo probatorio. Alrededor de G. 52 millones era lo que falta del contrato, pero como hubo una mora importante, eso hizo elevar el monto requerido. El juicio fue planteado por G. 132.000.000”, apunta.
Buscan recuperar predio ocupado
Otro expediente emblemático es el que se inició este año por la ocupación de un inmueble de 960 ha. en Capiibary, Departamento de San Pedro; un terreno transferido, en 1994, por el entonces IBR a la UNA. En el 2004, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) transfirió esas tierras a la empresa Pinoty SA, según relata el asesor legal de la UNA. Luego, esta le transfiere a otra firma, Palo Solo SA.
“Un mes antes de que planteemos este juicio, venían los informes de Registros Públicos de que, efectivamente, estaba a nombre de Palo Solo. Y el día en que planteamos la demanda, y salió la medida cautelar de prohibición de innovar, saltó que hay otras dos nuevas personas que son dueñas del inmueble. O sea que rápidamente se transfirió”, refiere el abogado Nelson Echauri, al insistir que todo se hizo “sobre el título de propiedad de la UNA”. El juicio se planteó el 15 de setiembre pasado; pero en marzo se tramitó la diligencia preparatoria, medida cautelar y el proceso de nulidad de acto jurídico.
