El conflicto se originó tras un altercado entre Orué y el senador Alfonso Noria, quien lo contactó el pasado jueves para cuestionar los cierres. Según la DNIT, los locales clausurados, identificados como supermercados, no emitían facturas legales ni cumplían con sus obligaciones tributarias, a pesar de advertencias previas. La institución pública verificó las irregularidades mediante “compras simuladas”. El funcionario destacó su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, afirmando que no cedió a las presiones.
A su vez, la UIP resaltó que “los controles institucionales deben ejercerse sin excepciones ni presiones, garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sanitarias, laborales, comerciales y medioambientales en todo el territorio nacional, de manera equitativa”.
El gremio resaltó que estos procedimientos buscan no solo fines recaudatorios, sino también ordenar el mercado, fortalecer la institucionalidad y consolidar la confianza en el país, contribuyendo a mantener el grado de inversión alcanzado. “Los controles, aplicados con proporcionalidad y gradualidad, son necesarios para asegurar un mercado competitivo y justo”, añadió la UIP.
Los industriales valoran las gestiones orientadas a la formalización y llamaron a los sectores a sumarse a este esfuerzo nacional: “Instamos a trabajar juntos por un proyecto país donde la formalidad, la institucionalidad y el crecimiento económico beneficien a todos los paraguayos”.
