El Consejo de ministros del Interior debatió el informe elaborado por el “Grupo de Trabajo para el Mediterráneo”, creado poco después de aquella catástrofe con el fin de identificar las herramientas que la UE tiene a su disposición para combatir la inmigración clandestina y que podrían utilizarse de manera más efectiva.
Las áreas principales de acción incluyen la cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración, el refuerzo de las vías para acceder de manera legal, la solidaridad con los Estados miembros que soportan una mayor presión migratoria y la lucha contra el tráfico de personas.
El titular lituano de Interior, Dailis Alfonsas Barakauskas, cuyo país preside la UE este semestre, dijo al término de la reunión que los ministros están de acuerdo en aplicar las recomendaciones del informe, que se trasladarán a los líderes de los Veintiocho de cara a la cumbre europea de finales de diciembre.
El ministro español, Jorge Fernández Díaz, explicó en un encuentro con la prensa en el marco del Consejo que España apoyó hoy la necesidad de llevar a cabo políticas de prevención en origen, de cooperación con terceros países y de lucha contra las redes que trafican con seres humanos.
Asimismo, señaló que durante la intervención ante sus homólogos europeos hizo hincapié en que “no se desnaturalice lo que es Frontex” como agencia dedicada a garantizar el control de la fronteras exteriores de la Unión.
El objetivo no debe ser que ese organismo se convierta “en algo así como una agencia de salvamento y rescate”, subrayó el ministro, quien añadió que “eso generaría un efecto llamada” y al final “sería peor el remedio que la enfermedad y animaría a las mafias a poner en embarcaciones en la mar a personas, en la confianza de que una vez en la mar serían salvadas y rescatadas y llevadas a su destino”.
Fernández Díaz señaló que “es evidente” que en el marco de Frontex se debe atender el principio de derecho humanitario, que obliga a que socorrer a las personas que están bajo amenaza de perecer ahogadas o que necesitan salvamento o ser ayudadas, pero sin llegar a convertir ese instrumento en una agencia de salvamento y rescate.
“Por eso he insistido en esta posición, que ha sido plenamente compartida por Francia”, dijo el ministro.
Fuentes europeas confirmaron que España y Francia defendieron más o menos los mismos argumentos durante la reunión, ya que se oponen a que Frontex se convierta en una agencia de salvamento y “quieren evitar el efecto llamada”.
Además, añadieron las fuentes, los dos países se mostraron reticentes a ampliar los canales para acceder de manera legal, por el mismo temor a que ello anime a los inmigrantes a intentar llegar a territorio comunitario, en lugar de disuadirles.
Entre las medidas que propone el “Grupo de Trabajo para el Mediterráneo” figura el objetivo de reforzar la capacidad de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) con más barcos y aviones y asignar fondos a los países que soportan una mayor presión migratoria.
También se plantea un mejor reparto de los refugiados por parte de los países que prácticamente no reciben a demandantes de asilo.
Según la Comisión Europea, en 2012 sólo se reasentaron en la UE 4.930 personas y únicamente doce países (entre ellos España) dieron cobijo a los refugiados.
Estados Unidos en el mismo periodo acogió en su territorio a alrededor de 50.000 personas.
Para el periodo 2014-2020, la UE dedicará al reasentamiento de refugiados a través de un programa de apoyo financiero a las autoridades nacionales una partida de 6.000 euros por refugiado.
Otras medidas propuestas por la Comisión tras el estudio del grupo de trabajo pasan por reforzar los programas de protección regional con los países de origen de la inmigración en el norte de África, que Bruselas quiere ampliar a los Estados del Sahel.
