El documento sobre México, que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile, denuncia que en muchos casos los autores de estas violaciones fueron funcionarios públicos.
El más reciente episodio tuvo lugar el miércoles pasado, cuando “fue secuestrada en la ciudad de Reynosa la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, ciberactivista y colaboradora de la página de denuncia de la violencia, Valor por Tamaulipas”.
“Los secuestradores posteriormente usaron su cuenta de Twitter para publicar dos fotos. En una aparece con vida y en la otra aparece muerta junto con advertencias a otros ciberactivistas”, informa la SIP.
“Este crimen se suma a otros ocurridos en años anteriores en Tamaulipas con el objetivo de generar terror e inhibir la denuncia y las acciones civiles”, lamentó la SIP, que recordó también que el pasado 11 de agosto fue asesinado el periodista Octavio Rojas, colaborador del diario El BuenTono, en Oaxaca.
En el último semestre se han registrado en México otras 87 agresiones contra la prensa, “entre ellas 13 detenciones arbitrarias y ocho procesos legales por difamación, calumnia y otros delitos atribuidos de forma dolosa”.
Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Distrito Federal y Guerrero siguen siendo los estados más peligrosos para ejercer el oficio.
Las mujeres siguen siendo las más vulnerables ante los ataques, como lo documentó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, con 41 acciones violentas directas contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas.
“Todo esto ocurre pese a la existencia de una Fiscalía Especial y hasta un Mecanismo de Protección para Periodistas que si bien tiene tres años de haber sido creado, recién en mayo trazó sus líneas de operación”, se queja la SIP.
Desde septiembre de 2013 a julio de 2014 se han iniciado 198 averiguaciones previas por delitos contra periodistas y en 15 casos se ha ejercido acción penal contra los responsables, según datos oficiales.
En otros once casos las autoridades federales determinaron no ejercer acción penal, doce expedientes fueron acumulados y 69 indagatorias fueron consideradas incompetentes, por lo que el Gobierno tiene por concluidos 107 casos.
Además, oficialmente se aseguró que se ha dado seguimiento a 48 solicitudes de medidas cautelares, de las que 27 fueron derivadas al Mecanismo para la Protección de Periodistas y 21 a instancias gubernamentales.
El Gobierno destaca que se han impartido cursos del Manual de Prevención de Delitos contra la Libertad de Expresión a 937 periodistas y directivos de medios en Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Distrito Federal.
En su informe sobre México, la SIP avisa de que “existe expectativa sobre una nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, que contiene artículos que criminalizan a la prensa y atentan contra el derecho a la información”.
“Esta ley prohíbe la difusión de datos, imágenes y referencias sobre menores de edad en cualquier situación, incluso quienes hayan participado en un delito, penalizando con 500.000 pesos diarios (unos 37.000 dólares) a los medios que violen la ordenanza”.
