El fiscal René Fernández, quien incautó numerosas cajas con títulos de propiedad a nombre de Óscar González Daher (OGD) y Príncipe di Savoia, señaló que se encontraban realizando diligencias para comprobar si las operaciones sospechosas por más de G. 8 billones, según el reporte de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), provendrían de supuestos préstamos ilegales con hipotecas y altos intereses, es decir, usura.
Cuando ÚH y Telefuturo investigaron y publicaron el esquema de evasión de unas 65 propiedades de González Daher ya hace ocho años, testigos que prefirieron no dar sus nombres por miedo contaron que el legislador obtuvo sus casas a través de la usura.
La abogada del detenido ex senador colorado Óscar González Daher (OGD) declaró públicamente que el legislador cuenta con al menos 92 inmuebles, y según ella las obtuvo antes de ser funcionario público.
El supuesto esquema consistía en préstamos hipotecarios que daba el legislador a personas necesitadas de dinero, pero cuando estas querían devolver el importe, este no se hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas. La Fiscalía imputó y ordenó la prisión de OGD y su hijo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a través de la misma empresa ya señalada hace ocho años por ÚH y Telefuturo, la firma Príncipe di Savoia SA, y también investiga si el dinero y las propiedades provienen de la usura.
secreto a voces. Durante toda la investigación publicada por ÚH y Telefuturo, un secreto a voces que se manejaba era que las numerosas viviendas de González Daher las había obtenido a través de la usura, esto lo decían testigos directos e indirectos y la mayoría de los luqueños consultados, quienes daban detalles de historias tristes de familias que quedaban sin sus hogares.
El propio senador colorado Juan Carlos Galaverna mencionó directamente que OGD se dedicaba a esta actividad y lo cuestionaba por ello.
“Lo que denuncia la prensa conozco y lo que yo considero ilícito e inmoral es la actividad de usura que aparentemente la familia tiene como una de sus actividades principales”, había señalado Galaverna a los medios de prensa.
Principado. La investigación periodística demostró con contundencia que la Municipalidad de Luque adulteró datos informáticos en su sistema para beneficiar al entonces presidente del Congreso, quien tenía varias de sus propiedades a nombre de la citada empresa por la que hoy está detenido.
Las propiedades figuraban como terrenos baldíos sobre calles de tierra en zonas rurales, cuando que eran enormes esquinas de dos o más pisos en pleno centro de la ciudad de Luque, donde sus vecinos con inmuebles más pequeños pagaban hasta 40 veces más.
González Daher se convirtió en el príncipe, no de Savoia, sino de Luque, con una cantidad inmensa de propiedades obtenidas aparentemente a través de la usura.
La propia quinta gigante de OGD, ubicada en la compañía Maka’i de Luque y llamada Rancho de Ito, de 2,3 hectáreas, pagaba por una superficie 10 veces menor a la real. A través de las diferentes boletas de pago se comprobó cómo uno de los padrones de dicha propiedad pasó de tener 5.504 metros cuadrados a solo 504 para pagar menos impuestos.
Blanqueo. ÚH y Telefuturo presentaron ante el Ministerio Público una denuncia formal sobre el caso y fue el fiscal Arnaldo Giuzzio el que inter- vino, allanando la Municipalidad y comprobando que en la misma ni siquiera existían planos de las numerosas propiedades del entonces titular del Senado.
Entre tanto, González Daher acudió hasta las oficinas de ÚH a pedir que se paren las publicaciones y hasta acudió a la Municipalidad de Luque a pagar unos G. 85 millones, según los cálculos de la Comuna, de lo que evadió a través de la adulteración de datos.
Giuzzio había señalado al respecto que dicho pago no eximía al senador colorado, pero a menos de dos meses de iniciar la investigación, solicitó a la magistrada luqueña María Teresa González de Daniel desestimar la causa por evasión de impuestos con relación a Óscar González Daher.
Ocho años después de revelarse la forma en que operaba el legislador para tener una gran cantidad de propiedades y ponerlas a nombre de una misteriosa sociedad anónima, la Fiscalía finalmente imputa y solicita la prisión del hasta hace poco “intocable” legislador colorado.
La presión ciudadana y los enemigos políticos pesaron para que el poderoso “monje negro” en la política y la Justicia finalmente rinda cuentas de sus actos ilícitos.
