“La seguridad jurídica en este país no existe, porque tiene un análisis en la doctrina, como sinónimo de previsibilidad, que supone que jueces dirán lo mismo en situaciones similares y acá tenemos que en situaciones similares te muestran respuestas distintas”, aseguró.
Además, fundó su opinión en que la educación que recibe un juez es dictar sobre su leal saber o entender, pero lo que debería enseñársele simplemente es a aplicar la ley.
“El juez debería ser un aplicador de la ley de los casos simples y complejos, y en aquellos en que necesita un arbitrio, tiene que hacerle si es que la ley lo permite”, dijo Riera. Lo que tendríamos que lograr es que la educación se centre de nuevo en la aplicación de la ley.
PRISIÓN. Consultado sobre el uso de la prisión preventiva, el presidente del CAP sostuvo que no debería existir la prisión preventiva y si se va a utilizar, debería ser último recurso o en casos de flagrancia. “Los casos del 2020 dan la señal de que el sistema de Justicia está criminalizando libertades”, aseveró.
